Según datos de la ONT, España es el país con mayor tasa de donación de órganos en el mundo: 39,7 donantes por millón. Las donaciones se llevan a cabo siempre de forma altruista, siendo ésta la primera norma de la Ley de Trasplantes, la cual también garantiza la igualdad de los ciudadanos para recibir un órgano. Nuestro país supera en la actualidad los 100.000 trasplantes de órganos, tal como muestra el último informe de la Organización Nacional de Trasplantes al respecto (febrero de este año). A esta cifra se suman los más de 400.000 trasplantes de tejidos y de células, lo que eleva a más de medio millón el número de personas que se han podido beneficiar del sistema español de trasplantes. No obstante, la lucha sigue, y no sólo en lo relativo al propio trasplante. "Los pacientes trasplantados pueden volver en muchas ocasiones a su vida normal, pero hay muchos otros que se ven imposibilitados de tener un medio de vida. La capacidad de trabajar con un mínimo de profesionalidad y dignidad, cuando se ve afectada por esta causa, debe ser protegida por la Seguridad Social", afirman los responsables deTribunal Médico.

El sistema español de trasplantes consta de una red integrada por 186 hospitales autorizados para la donación de órganos y 43 para la realización de los trasplantes. Tras ser trasplantada, una persona que ha sido anteriormente un trabajador activo puede conseguir una incapacidad permanente si se demuestra que, en su nueva situación, no puede desarrollar correctamente la actividad laboral a la que se dedicaba (o incluso ninguna otra). Pero no siempre es fácil, porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social muchas veces deniega a priori la solicitud del particular, por lo que en estas situaciones se puede reclamar ante la ley. Sin embargo, los especialistas en este campo recomiendan "luchar sin tirar la toalla por nuestros derechos en materia laboral y económica cuando aparece un problema de salud de estas características. Si el comité de valoración del INSS nos deniega una solicitud que creemos más que justa, hay que retomar el tema por vía legal para intentar obtener esa pensión estatal”, tal como afirman desde el centro médico-jurídico Tribunal Médico.

En una jornada como hoy, Día Mundial de los pacientes trasplantados, hay que ser conscientes que tras un trasplante, aunque la intervención en sí haya sido un éxito, pueden surgir problemas después debido a diversos factores, que en el tema que nos ocupa han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la incapacidad de la persona para trabajar. Puede haber perjuicios notables para la salud derivados del propio tipo de trasplante, del tratamiento posterior, del estado general de salud del paciente, de su edad y de la posible enfermedad de injerto-contra-huésped. En cualquiera de estos y otros casos, se pueden originar secuelas que impidan que la persona afectada se pueda ganar la vida por sí mismo. En este punto es donde entra laSeguridad Social, que ha de conceder la incapacidad permanente con la pensión y el grado que corresponda. Puede ser parcial (si puede seguir en su puesto de trabajo pero con limitaciones), total (una prestación por no poder realizar su trabajo habitual), absoluta (por no poder realizar ninguno) o incluso Gran Invalidez (cuando además de la prestación por no poder tener ningún tipo de empleo hay un complemento para que el trasplantado pueda disponer de una tercera persona para ayuda en las tareas básicas de su vida diaria).