Las crisis económicas, incluyendo también la de 2008, ha hecho evolucionar por completo las exigencias de los consumidores en lo referente a servicios legales. Ese pasado periodo de recesión, felizmente superado, al menos en la teoría, quedó sin embargo como una anécdota si lo comparamos con la situación vivida en los dos últimos años.

La respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia ha supuesto, sin embargo, una respuesta mucho más social. Los estados y las administraciones han comprendido que el modo de enfrentar una realidad económica que abocaba a más desigualdad debía ser la del impulso del gasto público.

A nivel de usuario, y enfocándonos en el sector jurídico, se han observado también cambios en la profesión. Muchos expertos hablan de exceso de oferta, lo que lleva a una aparente competencia excesiva entre abogados y despachos. En los últimos años han tenido especial relevancia cuestiones como la marca personal, el marketing jurídico y la explosión de las redes sociales, estrategias todas estas destinadas a impulsar la actividad de profesionales del sector.

De este modo, una vez ya parece superada, o al menos controlada, la pandemia, aunque sus consecuencias siguen estando muy presentes, muchos actores de la profesión jurídica se preguntan hacia dónde camina su actividad, cuáles son los retos y necesidades que tiene la sociedad, cómo funcionan los despachos de abogados y en qué disciplinas se pone más interés.

La protección de datos como herramienta clave

Uno de esos escenarios que gana fuerza, y que está especialmente relacionado con la pandemia, es la protección de datos. El coronavirus ha obligado a prestar muchos servicios jurídicos de manera telemática, lo que ha obligado a salvar una serie de retos y aplicar una serie de tecnologías que permitan seguir prestando esos servicios con total normalidad.

A su vez, no hay que dejar de lado que la dependencia prácticamente absoluta de internet y utilizar este canal como herramienta para todo tipo de acciones nos lleva a compartir muchos datos con numerosas empresas.

Los estados han hecho su trabajo reforzando las políticas de protección de datos y la privacidad, y esto implica que las empresas tienen que contar obligatoriamente con profesionales conocedores de la materia.

La derivada de esta situación es una demanda cada vez más alta en expertos legales que conozcan esta disciplina. La Universidad Europea, consciente de este clima de respeto por la integridad de los usuarios, pone en marcha cada año su Máster en Protección de Datos.

Con él se obtienen todas las claves para responder ante las exigencias de la administración en esta materia y para ser un perfil deseado por muchas empresas, que no saben realmente cómo actuar ante la ingente cantidad de información que reciben de sus clientes.

Derecho ambiental, una oportunidad atractiva para acceder al empleo

Otro de los campos que está en auge en materia de empleo en derecho es el que guarda relación con la protección jurídica del medio ambiente. La crisis climática que estamos viviendo, y que se va a agravar en los próximos años, está forzando a todos los países a tomar medidas que minimicen ese impacto sobre los propios ciudadanos y los territorios.

Nuevamente la Universidad Europa es sabedora de esta realidad, y por ello cuenta con su Máster en Derecho Ambiental que está pensado para que los alumnos, ya licenciados en Derecho, puedan especializarse en esta área legal de importancia internacional.

Con este programa formativo se aprenden conceptos que están muy en boga en la actualidad: el greenwashing, la obsolescencia programa, el reciclaje, la defensa de los consumidores en materia ambiental o la protección de los territorios.

La digitalización de los servicios jurídicos

Un tercer espacio a tener muy en cuenta en la profesión jurídica es el de la propia transformación del sector. Es obligatorio pasar de un terreno exclusivamente offline a otro más online, porque ha quedado claro que el futuro de muchas áreas de actividad pasa por una forma híbrida de trabajar.

En este sentido, no solo hay que mejorar la prestación de servicios a los clientes y el contacto directo con las administraciones desde los canales telemáticos, sino también que estas relaciones que se activan sin esa comunicación física sean igualmente cercanas.

La digitalización de los servicios jurídicos debe permitir organizar llamadas, reuniones, debates, y hasta servir como solución a los problemas de almacenamiento físico que se dan en muchos despachos y juzgados. De igual modo hay que trasladar esas mejoras también a la prestación de servicios físicos.

Y por supuesto, hay que avanzar en disciplinas como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales como el blockchain, las criptomonedas, el uso y disfrute de las redes sociales y todo aquello que resulta novedoso desde internet.

Para cumplir con todo esto, en la Universidad Europea y en otros muchos espacios educativos lo tienen claro, la clave pasa por contar con los mejores profesionales y mejorar día a día las ofertas formativas, pues formarse es siempre el mejor camino para aspirar a un empleo de calidad, junto con la experiencia.