Entrevistamos a Dª Almudena Velázquez, co-directora legal de reclamador.es, con sede principal en Madrid, pero se trata de una compañía online de servicios legales que ofrece sus servicios de manera digital en toda España.
Las principales especialidades que ofrece la compañía son la gestión y tramitación de herencias y las reclamaciones a compañías aéreas y entidades bancarias. reclamador.es también realiza las gestiones necesarias para las reclamaciones del impuesto de plusvalía municipal.
El 2020 ha sido un año especialmente difícil a causa de la pandemia, ¿qué balance podría hacer del mismo?
R.- Este año ha supuesto un auténtico desafío para todos, no sólo los servicios legales. La paralización prácticamente absoluta de la actividad económica como consecuencia del estado de alarma ha puesto a prueba nuestra capacidad para enfrentarnos a situaciones muy difíciles que han requerido de decisiones totalmente impensables hace un año. En el ámbito legal, la continua legislación sobre ese estado de alarma y la paralización de los Juzgados durante varios meses ha marcado este año.
¿En qué medida han cambiado la forma de ofrecer los servicios jurídicos de su despacho?
R.- Afortunadamente, reclamador.es es el líder de los servicios legales online, por lo que la pandemia nos cogió preparados para continuar prestándolos con total garantía: nuestros clientes se relacionaban ya a través de la plataforma digital y algo que hasta ahora era marginal en los despachos, como el teletrabajo, ya lo teníamos instaurado desde el nacimiento de reclamador.es y ahora sólo ha habido que adaptarlo a que todo el equipo trabajara a la vez bajo esa modalidad.
La instauración de las vistas y juicios telemáticos para nosotros no ha supuesto ningún problema, al contrario, se ha comprobado su eficacia y su garantía para los justiciables.
Estos cambios, ¿han venido para quedarse?
R.- Así lo esperamos. Desde luego, en cuanto a la gestión de equipos, en reclamador.es siempre se había considerado el teletrabajo como un plus que permitía una mejor conciliación, el sistema de consultas por videoconferencia que también hemos implantado para aquellos clientes que lo requieren se ha manifestado como una excelente alternativa no sólo para evitar riesgos sanitarios, sino para evitar desplazamientos.
En cuanto a los juicios telemáticos, es deseable que se mantengan más allá del 21 de junio de 2021 que es lo que se prevé y todos los Juzgados tengan la tecnología necesaria para poder llevarlos a cabo, pues ahora mismo no todos ellos pueden realizarlos. Esta tecnología también ha de pasar por una reforma profunda de los sistemas como lexnet y los utilizados por otras comunidades autónomas que son una pesadilla para quienes todos los días tenemos que utilizarlos.
En su caso, ¿le ha tocado participar en juicios telemáticos? ¿cómo valora esta experiencia?
R.- Aunque ha habido de todo, sobre todo al principio, nuestra experiencia ha sido y es totalmente positiva: el ahorro de tiempo es fundamental, pues se cambian las esperas en los pasillos de los Juzgados por tiempo de trabajo hasta que te conectas. Las garantías también son las mismas, aunque sí que es cierto que en la jurisdicción penal pudieran surgir circunstancias que aconsejaran la celebración presencial de la vista. Pero en el resto de los órdenes, lo deseable desde nuestro punto de vista es que todos los Juzgados tengan la facultad de poder celebrarlos incluso cuando entremos “en la normalidad”.
¿Han cambiado mucho las necesidades legales de los clientes durante el 2020?
R.- Por desgracia, la pandemia ha afectado en varios frentes que a partir de ahora van a ocupar la realidad judicial del próximo año: todas las cuestiones relacionadas con los ERTE y ERE, sobre la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en el caso de las personas físicas y de concursos con las empresas y, lamentablemente, la problemática sucesoria entre herederos como consecuencia del gran número de fallecimientos, así como el aumento de divorcios que la convivencia ha desatado.
Desde el punto de vista de las novedades legislativas y pronunciamos judiciales, ¿qué es lo que considera más relevante en el 2020?
R.-Ha sido un año de auténtica “expansión” legislativa, en muchos casos contradictoria con otras normas de apenas quince días de antigüedad, pero sin duda, la nueva Ley Concursal y la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que se publicó en septiembre son la referencia tanto de este 2021 como del próximo año, la primera porque va a estar en continua aplicación y la segunda porque es el referente donde se mira toda la reforma procesal anunciada ya con el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
¿Qué perspectivas tiene su despacho para el 2021?
R.- Afrontamos el año que viene con muchas expectativas y una apuesta muy fuerte por ampliar nuestros servicios legales a otras materias que, en un principio, no se consideran como propias del legaltech y que nosotros entendemos como parte de nuestro “ciclo legal de la vida”: ya comenzamos en julio con la gestión de herencias, que está teniendo una excelente acogida, y vamos a seguir reforzando nuestros servicios en materia de segunda oportunidad, laboral y divorcios.
Para este año que comienza hay se habla de varias reformas legislativas, ¿Qué es lo que considera que necesita una reforma urgente?
R.- Desde luego, es imprescindible afrontar la reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil para acomodarla a las necesidades (y también utilidades) del siglo XXI, es impensable, por ejemplo, que previéndose la presentación digital de los escritos sin embargo sea obligatorio aportar copias en papel de la demanda y contestación. El régimen de exhortos y notificaciones está absolutamente desfasado, utilizando el correo postal…
¿Cree que la Justicia será capaz de remontar en el 2021 el parón judicial ocasionado con la pandemia?
R.- El parón judicial sólo vino a manifestar de la manera más cruda lo que es un mal endémico de nuestros Tribunales y es la gran demora que sufren los asuntos, para cuya solución no fue de ningún modo habilitar el mes de agosto y que sólo perjudicó a los Abogados y Procuradores.
En este escenario, es difícil que a lo largo del año que viene se vaya a solucionar este problema, pero sí sería un gran paso que nuestros poderes públicos se pongan manos a la obra para ampliar Juzgados y dotarles de medios a la altura del reto que nos espera. Creo que todos los que nos dedicamos a la Justicia desde un lado u otro deseamos contar con un servicio que pudiera funcionar como la Agencia Tributaria, que, por cierto, no ha sufrido ningún menoscabo en cuanto a la gestión y tramitación durante la pandemia. Por algo será.