• El Juzgado de Instrucción de Vila-Real archiva la investigación que la Guardia Civil de Castellón inició hace casi 2 años, en relación a una organización de proxenetas y de venta de drogas

En mayo de 2021, Ana (nombre ficticio) se trasladó a Castellón de la Plana para comenzar su actividad como prostituta, así la recogieron en un coche en la estación y la llevaron a un piso de citas dedicado a la prostitución en la localidad de Burriana. Sin embargo, no era lo que se esperaba, por ello acabó realizando una denuncia ante la Guardia Civil de Castellón.

En dicha denuncia Ana relata como los servicios que hacía los cobraba el propio proxeneta, o si los cobraba ella tenía que pasarlo por una máquina que lo contaba y meterlo en una gran caja fuerte a través de una ranura para ingresar el dinero.

Ana continúa detallando que la quitaban el móvil, que la casa de citas tenía video vigilancia, que ni siquiera tenía llaves para salir y entrar libremente de la vivienda, e incluso que había micros en las estancias para monitorizar todo lo que allí ocurría, y que ella nunca llegó a cobrar los servicios prestados en los días que trabajó allí.

En la denuncia además de detallar estas condiciones laborales, relataba varios altercados, entre los que refiere que personal de la organización la quitaba el móvil para borrar las conversaciones mantenidas, y denunciaba que la casa de citas también es un punto de venta de estupefacientes, utilizando a las chicas para suministrar cocaína a los clientes. La Guardia Civil abrió una macro investigación que se ha alargado casi dos años. En ella incluso recurrieron a otras chicas que trabajaban en el mismo establecimiento para aclarar los hechos y las condiciones de trabajo, detallando las demás que lo hacían libre y voluntariamente, así como que recibían la retribución pactada, que era el equivalente a la mitad del coste del servicio.

El caso acabó en el Juzgado de Instrucción de Vila-Real (Castellón), quién ha sido el encargado de investigar un delito de proxenetismo, regulado en el artículo 187 del Código Penal, y un delito contra la salud pública por la venta de drogas, regulado en el artículo 368 del Código Penal, con penas de prisión de hasta 6 años.

La Juez titular del Juzgado sentó en el banquillo a los presuntos responsables, de nacionalidad Española y de Europa del Este, y éstos contrataron la defensa de Servilegal Abogados, despacho conocido por defender delitos penales especialmente sensibles con una alta tasa de éxito, y por su intervención en macro causas penales.

Finalmente tras casi dos años desde que la investigación se inició, la defensa ha conseguido el archivo de la causa. Puestos en contacto desde este medio con el abogado defensor Ignacio Palomar Ruiz, Director de Servilegal Abogados, y preguntado sobre cuáles son las claves para conseguir el archivo de un caso de esta magnitud, nos contesta que: “no puedo dar detalles del caso concreto, pero hay que tener en cuenta que la presunción de inocencia es un pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico, siendo todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Hay que confiar en la verdad, y en la justicia como vía para alcanzarla.”