La Fundación Franz Weber e INTERcids, Operadores jurídicos por los animales, han registrado un total de 116 alegaciones al Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, cuyo plazo de exposición pública finalizó este pasado martes, con el objetivo de obtener una normativa de máximos que contribuya a prevenir el maltrato y el abandono de los animales.
El documento impulsado por ambas organizaciones contiene nuevas propuestas para la redacción de conceptos que necesitan de una estricta seguridad jurídica, como la definición de las “colonias felinas” o el de “entidad de protección animal”. Las ONG defienden así que el Anteproyecto sea lo más ajustado posible a la realidad legal y social española.
FFW e INTERcids plantean la prohibición total de animales en circos, no solo de animales silvestres en cautividad. Esto supondría equiparar la Ley estatal a comunidades que ya aplican este veto sin distinciones, caso de las Islas Baleares, pero también con Europa, con los ejemplos de Austria, Grecia o Malta.
La lucha contra prácticas de maltrato que sufren algunos animales, como la presencia de caballos con cepos en sus patas en montes de Galicia, Asturias o Cantabria, requiere medidas específicas. Por este motivo se pone sobre la mesa prohibir el uso de “cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad salvo por prescripción veterinaria.”, incluyendo además a los équidos de forma expresa en el ámbito de protección del Anteproyecto.
Cero comercio a través de Internet.
INTERcids y la Fundación denuncian que el incumplimiento de los requisitos de muchas comunidades autónomas para vender animales a través de Internet es una tónica habitual, por lo que alegan al Anteproyecto para prohibir estas transacciones, una fuente de comercio y tráfico irregular de miles de animales cada año en España.
Los perros de caza son perros.
Las ONG han rechazado de plano cualquier intento por reducir los controles, bienestar o seguridad de los animales por motivos tan injustificados como que estos sean empleados para cacerías o pastoreo. La segregación incluiría, por ejemplo, que los perros de caza estén exentos de revisiones veterinarias periódicas.
De este modo, en el documento remitido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se propone la eliminación de cualquier cambio negativo en sus derechos subrayando que “no se entiende ni se motiva en el anteproyecto la problemática que supondría aplicar el marco de control administrativo y las condiciones básicas de bienestar que han de garantizarse a todos los perros que son empleados en determinadas actividades humanas.”
Las alegaciones forman parte de un dossier con 62 páginas de extensión que contempla mejoras técnicas, terminológicas y propuestas de nueva redacción para decenas de artículos. La principal motivación de ambas entidades es adaptar el Anteproyecto a las normas que ya rigen en países de nuestro entorno.
Reconversión de todas las granjas peleteras.
Si bien el Gobierno anunció en su momento que vetaría la cría y comercio del visón americano, existen granjas en España que se dedican a idéntica finalidad con animales como cocodrilos. La alegación plantea vetar nueve especies de forma taxativa añadiendo algunas como el zorro rojo, conejos rex o nutrias.
Además reclaman el desarrollo e implementación de un plan de reubicación laboral para las personas trabajadoras en estas industrias, incluyendo asistencia económica y formativa.
Producciones audiovisuales sin animales.
Entre sus alegaciones, estas entidades sugieren también el uso de alternativas tecnológicas en lugar del empleo de animales reales a la hora de realizar filmaciones de todo tipo, abundando en que no existe normativa específica clara sobre la captura, cría, condiciones de vida y destino de los animales utilizados para medios audiovisuales.
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