La Fundación Valsaín para la promoción de los derechos y valores democráticos junto con el Colegio de Abogados de las Palmas, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Madrid han presentado ante la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados una solicitud urgente, para que definitivamente se regule legalmente el uso de la mediación como fórmula de resolución de conflictos entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, así como ante los Tribunales de Justicia, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Fundación Valsaín y el Colegio de Abogados de Las Palmas, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial ha venido impulsando durante los últimos casi diez años, la puesta en práctica de proyectos piloto de mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, con resultados evidentes, lo que puntualmente ha sido posible también en otros lugares de España.

Por eso, los firmantes de la petición consideran que ha llegado el momento de terminar con una incomprensible situación: la falta de incorporación de la mediación al régimen jurídico administrativo para encontrar nuevas vías de prevención y solución de los conflictos entre los ciudadanos y las distintas administraciones, tanto en vía administrativa como en el ámbito intrajudicial.

Los enormes problemas de acumulación de asuntos que viene padeciendo la Administración de Justicia, agravados como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 exigen medidas urgentes, eficaces y económicas que ayuden a desbloquear la situación de la Administración de Justicia, permitiendo un mejor funcionamiento de la misma y, así, lograr una más eficaz defensa de los derechos de la ciudadanía.

Los peticionarios ante el Congreso de los Diputados quieren poner en relieve que las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia española no pueden seguir siendo la única excepción relevante en Europa en la aplicación de la mediación administrativa, máxime cuando el Consejo de Europa y la Unión Europea han insistido en la importancia de esta herramienta aplicada al funcionamiento de las Administraciones Públicas y la jurisdicción contencioso- administrativa.

No hay ningún motivo razonable para ello. No se debe esperar más. Es urgente regular legalmente la mediación administrativa y en la jurisdicción contencioso-administrativa.