El objetivo, según apuntan fuentes de la Eurocámara, es poner de relieve, en el caso de la justicia canaria y de la instrucción concreta del juzgado de Instrucción nº5 como del fiscal Luis del Río Montesdeoca, “la violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales” en varios de sus artículos, así como “la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Naciones Unidas, firmado y ratificado por España”, entre otras “irregularidades e ilegalidades” que afectan a la investigación policial y judicial.
Ya el pasado mes de enero, los eurodiputados de Francia y Grecia, Jean Luc Shaffhauser y Georgios Epitideios, se dirigían al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado pidiendo aclaraciones sobre la situación de los ciudadanos hispano-rusos Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su joven hijo Igor, a los que la jueza Ana Isabel de Vega ha prorrogado la cárcel -sin avances en la investigación ni auto de procesamiento a la vista- durante dos años más.
Desde el Parlamento Europeo se denunciaba entonces que habida en apariencia “falta de pruebas”, y precisamente con el fin de ocultar la ausencia de progresos en la instrucción, podríamos estar ante “un caso político” [contra el régimen de Guinea Ecutorial], y se concluía que, de lo contrario, “era imposible explicar las evidentes y flagrantes violaciones de las normas del Derecho Internacional y de las leyes en el Reino de España”.
Ya entonces, desde la Eurocámara se subrayaba que no sólo no se estaban aportando “pruebas de culpabilidad” sino que, dadas las circunstancias (con el empresario Vladimir víctima de dolencias cardiacas, parálisis en una pierna y un ataque isquémico), se estaba “violando el derecho de los detenidos a su propia defensa, el principio de legalidad, de derecho a la defensa efectiva y de derecho a la libertad”.
Las defensas de la familia, asentada durante más de 20 años en Las Palmas y Madrid y que es incapaz de reunir los 6 millones de euros de fianza que impuso hace dos meses la AP de Las Palmas para conceder su libertad, han hecho saber a la jueza que la instrucción ha llegado a un extremo en el que “no hay apariencia de buen derecho”; y han abundado en que la magistrada De Vega no está legitimada para justificar la prórroga, “por insuficiencia y falta de motivación”, apelando genéricamente a “la abundante documental, pericial y declaraciones diversas”.
Según ha sabido ‘Law&Trends’ en fuentes de los eurodiputados que elevarán la denuncia pública en Bruselas y Estrasburgo en las próximas semanas, les sorprende que jueza y fiscal estén pasando por alto las propias sentencias del Tribunal Constitucional de España que “proscriben la utilización de la prisión provisional con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones”. Anticipan, en este mismo sentido, que “la privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría carácter punitivo en cuanto al exceso y constituiría una suerte de pena anticipada, sin juicio”.
Una reciente pericia llegada desde Estados Unidos y firmada por el abogado Martin Auerbach, ya en poder de la magistrada Ana Isabel De Vega, ha evidenciado “alteraciones, irregularidades y manipulaciones” en informes que la UDYCO, en Canarias, ha puesto en conocimiento de la magistrada con carácter acusatorio contra la familia Kokorev, que cumple 24 meses, preventivamente, en el penal grancanario de Juan Grande.
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