Madrid, 29 abr (EFE).- Más de 5.000 jueces, fiscales, inspectores de hacienda o de la seguridad social, policías, entre otros empleados públicos, han firmado un manifiesto en el que subrayan la importancia de los valores de la legalidad, separación de poderes, igualdad y la independencia de sus cuerpos profesionales.

La sede del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acogido este lunes 29 de abril la presentación del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho en un acto donde han leído el manifiesto suscrito por diferentes asociaciones profesionales contrarios a la ley de amnistía.

Entre las participantes, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, o representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente, Pilar Astray y Victoria Muñoz, respectivamente, quienes han subrayado su preocupación sobre la quiebra de la separación de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la ley "comprometida por la amnistía" y la democracia.

"La proposición de ley de la amnistía es una injerencia y un boicot claro a la separación poderes, además de una amenaza al principio democrático e institucional", ha subrayado Dexeus.

Por su parte, la magistrada Pilar Astray ha advertido de que "están en riesgo los valores en los que se constituye un Estado social y democrático de derecho, no hay respeto a las libertades" y no se puede confundir la soberanía popular con el poder de representación.

Las tres juristas han defendido su intención y la de sus organizaciones de mantener y proteger los valores de la sociedad, y así lo harán a través del Comité de Coordinación de este Pacto para dar visibilidad voz a las diferentes asociaciones en defensa del Estado de Derecho.

La jornada también ha contado con intervenciones sobre igualdad, mérito y capacidad en el marco de la función pública, donde han comentado, entre otras cosas, los problemas a los que se enfrentan como funcionarios públicos, al destacar que “cuando hay nombramientos a dedo", se compromete su funcionamiento como parte de la administración pública, según una de las intervinientes.