Pamplona, 15 jun (EFE).- Profesionales de la justicia han destacado la importancia de aplicar el enfoque de género a la hora de investigar y enjuiciar delitos de violencia hacia las mujeres durante su ponencia en las jornadas “Perspectiva de género y justicia penal” organizadas en Pamplona por el Instituto Navarro para la Igualdad y la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Álvarez, han coincidido en ello durante unas jornadas que han contado también con la coordinadora del Centro de Crisis para Víctimas de agresiones sexuales de Asturias, Victoria Carbajal.

Ferrer ha defendido que la perspectiva de género debe ser “obligatoria” entendiéndose esta como la aplicación de las normas para detectar dónde se da una discriminación basada en los roles de género para evitarlos, un principio vinculado al de igualdad y que en ningún caso implica que el hombre no tenga un juicio justo ya que “nunca puede prevalecer sobre la presunción de inocencia”.

Esta perspectiva de género debe aplicarse “desde el comienzo de las investigaciones”, ha subrayado, señalando que esto exige investigar estas denuncias “de manera especial” salvaguardando los derechos de la víctima y garantizando el principio de “no sufrir un trato degradante por déficit en la investigación”.

Otros factores de género, ha indicado, son rechazar los celos como atenuante por ser un sentimiento vinculado al dominio o la inadmisión de una valoración probatoria que perpetúe roles de género como puede ser el considerar que una mujer acepta tener relaciones con un hombre por el hecho de haberse ido con él tras una noche de fiesta.

Peramato ha subrayado que “es el legislador el primero que tiene que incorporar esa perspectiva de género”, un enfoque a su juicio fundamental en el desempeño judicial a la hora de interpretar la norma, de proponer las pruebas, de enfrentarse a las pruebas y de dictar resoluciones.

En su ponencia, centrada en los principales cambios de la reciente ley del ‘solo sí es sí’, ha explicado que ahora “el consentimiento tiene que ser expreso” bien de forma verbal o a través de la participación activa de la mujer en la relación sexual considerándose que “el silencio no es consentimiento” y que no es necesario resistencia por parte de la víctima.

Esto, ha señalado, les exige “desprenderse de todos esos sesgos de género” que pueden llevarles a hacer a la víctima “preguntas irrelevantes y ofensivas” como por qué no se defendió y también cuestionar al acusado sobre cómo llegó al convencimiento de que había consentimiento y si adoptó las medidas necesarias para asegurarse de ello.

En este aspecto ha incidido también Álvarez, quien en declaraciones a EFE previas a su ponencia ha advertido de que “muchos de los conflictos” que se dan en esta materia “tienen que ver con que varones y mujeres se enfrentan de manera diferente a la sexualidad” y con que “los varones han colonizado la sexualidad”.

Por ello ha reivindicado la necesidad de que el Derecho asuma la sexualidad femenina tanto desde la perspectiva negativa como desde la positiva para así “poder prevenir mejor” esos ataques a la libertad sexual de las mujeres.

Carbajal ha sido la encargada de cerrar las jornadas exponiendo el modelo del Centro de Crisis para Víctimas de agresiones sexuales de Asturias, un servicio pionero que comenzó a funcionar en noviembre del 2020 adelantándose así a la exigencia de puesta en marcha de este tipo de recursos recogida en la ley del ‘solo sí es sí’.

Aquí, ha subrayado en declaraciones a EFE, se pone en el centro a la víctima y sus necesidades y se le ofrece la asistencia de profesionales expertos en la materia ya que “recursos había pero una agresión sexual requiere de un apoyo mucho más especializado”.

Este servicio, ha indicado, presta apoyo jurídico y psicológico a mujeres víctimas de agresiones sexuales y a sus familias durante 24 horas al día los 365 días del año con un equipo formado por una coordinadora, abogadas y psicólogas, algunas de ellas expertas en menores por la gran demanda que tenían.