En mayo de 2014 la mujer interpuso la denuncia en el Juzgado de instrucción 3 de Sanlúcar de La Mayor (Sevilla) que en julio de 2018 -cuatro años después- lo remitió para enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal. Este, a su vez, dejó el señalamiento de juicio pendiente, al no considerar que este tipo de procedimientos debiera tratarse con carácter preferente.
El abogado de la denunciante, Manuel Colorado, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo General del Poder Judicial, que investigaron la situación. Finalmente el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla fijó la vista para el 20 de febrero de 2023, pero debido a la huelga de los LAJs fue suspendida en el último momento, como tantas otras vistas en toda España.
“Al tratarse de un caso que versa sobre el interés de los menores, yo creía que se iba a considerar un servicio mínimo obligatorio, al igual que la violencia de género, porque el impago de alimentos es violencia económica familiar. Si no es así, debería regularse”, afirma el letrado, que lamenta que el juzgado no le haya dado prioridad. “El derecho que se ha vulnerado a mi clienta es tan importante o más que cualquier otro, puesto que estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva, sin dilaciones indebidas”.
Colorado teme que el juicio no se celebre este año. “Iremos a la cola de la agenda. Sólo me queda confiar en la sensibilidad del juzgado y que le dé preferencia en la agenda”. Y cuenta que su clienta ya no necesita a un abogado en esta causa penal, sino la ayuda de un profesional de la psicología. “Está abatida y no le ve el final a este asunto; no logra entender que, por desgracia, la justicia no está siendo efectiva en la ayuda que pide: mantener a sus hijas”.
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