La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 624/2024, de 19 de junio, aborda un caso significativo de estafa agravada en el contexto del alquiler de viviendas, destacando la gravedad de utilizar internet como medio para perpetrar fraudes inmobiliarios. Este análisis profundiza en la sentencia del Tribunal Supremo, los aspectos legales implicados, la vulnerabilidad del mercado de alquiler, y las implicaciones sociales y psicológicas para las víctimas.

Debe tenerse presente que el caso en cuestión involucró a un individuo que, mediante anuncios falsos en internet, ofrecía viviendas que no le pertenecían, logrando así obtener dinero de personas que buscaban alquilar un hogar. La sentencia del Tribunal Supremo, dictada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Mª Ferrer, Andrés Palomo y Ángel Luis Hurtado, y con Vicente Magro como ponente, confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. La condena incluyó una pena de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros. Además, la estafadora fue condenada a indemnizar a la víctima con 750 euros.

Cabe resaltar que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 624/2024, de 19 de junio, se fundamenta en la interpretación de los artículos 248 y 250 del Código Penal. El artículo 248 define la estafa como la acción de engañar a alguien con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Por su parte, el artículo 250 establece circunstancias agravantes, entre las que se incluye el uso de medios de amplia difusión como internet. El artículo 248 del Código Penal establece que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. En el caso analizado, el engaño consistió en la oferta de un alquiler de una vivienda inexistente, logrando que la víctima realizara una transferencia de 750 euros. El artículo 250, en su apartado primero, agrava la pena de estafa en ciertos supuestos, incluyendo: "Cuando se cometa estafa utilizando medios de difusión como la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación social." El Tribunal Supremo destacó la especial gravedad de utilizar internet, un medio que permite una amplia difusión, para realizar la estafa. La sentencia subraya que esta modalidad de estafa es particularmente reprochable debido al aprovechamiento de la necesidad urgente de vivienda y la vulnerabilidad de las víctimas.

El mercado de alquiler de viviendas en España, especialmente en grandes ciudades, se encuentra tensionado debido a la elevada demanda y los precios en constante aumento. Esta situación crea un contexto en el que las víctimas, a menudo desesperadas por encontrar un alojamiento asequible, bajan sus defensas y confían en anuncios que encuentran en internet. Los elevados precios de alquiler hacen que las ofertas aparentemente asequibles sean especialmente atractivas para los buscadores de vivienda. Muchas personas necesitan encontrar vivienda con urgencia, ya sea por motivos laborales, familiares o educativos, lo que reduce su capacidad de evaluar críticamente las ofertas. La confianza en las plataformas online y en la aparente legitimidad de los anuncios publicados en ellas lleva a muchas personas a obviar medidas de seguridad básicas.

Las consecuencias de caer en una estafa de este tipo son múltiples y severas, afectando tanto el ámbito económico como el emocional de las víctimas. La pérdida económica inmediata es el resultado más evidente. En el caso analizado, la víctima perdió 750 euros, una cantidad significativa para muchas personas. Además, a menudo deben incurrir en gastos adicionales para encontrar otra vivienda en poco tiempo, lo que agrava su situación financiera. El impacto psicológico incluye sentimientos de vergüenza, culpabilidad, ansiedad y estrés. Las víctimas pueden experimentar una pérdida de confianza en los demás y en las plataformas online, lo que puede dificultar futuras interacciones y transacciones. La necesidad urgente de encontrar un nuevo alojamiento puede llevar a situaciones de precariedad, como tener que vivir temporalmente en condiciones inadecuadas o en habitaciones compartidas, lo que afecta la calidad de vida y el bienestar general de las víctimas.

La prevención de este tipo de estafas requiere un enfoque multidimensional que incluya medidas legales, educativas y tecnológicas: la aplicación rigurosa de penas severas para los perpetradores de estafas inmobiliarias puede disuadir a potenciales estafadores; establecer regulaciones más estrictas para las plataformas de anuncios, obligándolas a verificar la autenticidad de las ofertas publicadas; implementar campañas de concienciación dirigidas al público sobre los riesgos de las estafas inmobiliarias y cómo detectarlas; publicar guías de seguridad que instruyan a los usuarios sobre las mejores prácticas para verificar la legitimidad de los anuncios de alquiler; implementar sistemas de verificación de identidad para los anunciantes en las plataformas online; y desarrollar y utilizar algoritmos avanzados para detectar patrones de fraude en los anuncios de alquiler.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 624/2024, de 19 de junio, subraya la necesidad de una protección más robusta contra las estafas inmobiliarias, especialmente en un mercado de alquiler tensionado. La utilización de internet como medio para perpetrar estos fraudes agrava la situación, ya que permite a los estafadores alcanzar a un gran número de potenciales víctimas. Precisamente, las medidas preventivas y educativas, junto con una aplicación estricta de las leyes existentes, son esenciales para combatir este tipo de delitos y proteger a las personas que buscan una vivienda. A este respecto, la sentencia también resalta la importancia de un enfoque multidisciplinario para abordar este problema, combinando esfuerzos jurídicos, tecnológicos y sociales para garantizar un mercado de alquiler más proporcionado.