Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer una jornada centrada en el análisis de la recientemente publicada Directiva Europea que recoge la protección a los denunciantes de corrupción. El acto tuvo lugar en la Fundación Universidad Empresa-ADEIT y fue presentado por el presidente de ASEBLAC (Asociación Española de sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales), Juan Carlos Galindo, quien estuvo acompañado en la mesa por el ingeniero de sistemas y miembro del Consejo de Participación de la Agència, Hervé Falciani, el director de la Agència Antifrau, Joan Llinares, y la directora de Asuntos Jurídicos de la institución, Teresa Clemente.
La conferencia inaugural corrió a cargo de Hervé Falciani, referente en la lucha contra este tipo de delitos gracias a su colaboración con la justicia de diferentes países. Falciani alabó la puesta en marcha del Proyecto Aletheia por parte de la Agència Valenciana Antifrau -sistema de ayuda a la trazabilidad del gasto en la contratación pública- puesto que “muestra cuándo se ha de enfocar la atención en la cadena de suministros, en los procesos de licitación, otro de los retos que tenemos en el tema del cumplimiento y que por el momento aquí se infravalora”, afirmó Falciani.
Seguidamente dio comienzo la ponencia impartida por la directora de Asuntos Jurídicos de la Agència, Teresa Clemente, centrada en el objeto y ámbito de aplicación de la Directiva Europea, así como en su impacto sobre el ordenamiento jurídico español. En este sentido, Clemente alertó de la necesidad de transponer la norma europea en el tiempo establecido -dos años desde su entrada en vigor el 17 de diciembre de 2019- pues, de lo contrario, esta será de aplicación directa en España a partir de la fecha límite de transposición, el 17 de diciembre de 2021, pero la falta de cumplimiento puede incluso conllevar la imposición de multas o retirada de fondos europeos a España.
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Finalmente fue el turno de Joan Llinares. El director de la Agència Valenciana que lucha contra el fraude en el ámbito del sector público se ocupó de abordar todo lo relativo a la función de las Agencias Antifraude en la implementación de sistemas seguros de denuncias y en la protección de los denunciantes que se centran en dos pilares básicos: la función preventiva y la reactiva, ambas unificadas en el mismo órgano. Llinares resumió los canales de denuncia de los que dispone la Agència a través del buzón de denuncias digital, presencial, correo electrónico y el correo postal, y remarcó la confidencialidad con la que el órgano trata al denunciante, así como la valoración de la posible aplicación del estatuto para la protección de estas personas alertadoras cuando se considera que estás están sufriendo un ataque por denunciar una conducta fraudulenta.
Asimismo, el director de la Agència, recalcó el hecho de que la Comunitat Valenciana se adelantara a la Directiva y al propio estado español con la aprobación de la Ley 11/2016 de 11 de noviembre de 2016, “la única de todo el territorio nacional que contempla protección a las personas que alertan sobre corrupción” función que es llevada a cabo por la propia Agència.
Tras la intervención de Llinares se dio paso a un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron debatir con los ponentes aquellas cuestiones que les preocupan relativas a la Directiva. La jornada contó con la presencia de la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, el secretario autonómico de Participación y Transparencia, Ignacio Blanco, el director general de Fondos Europeos (Conselleria de Hacienda), Andreu Iranzo, la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Isabel Berenguer, la directora general de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública, Yolanda Parrado, el jefe de Servicio de Transparencia y Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, José Ignacio Pastor, además de funcionarios y representantes de diferentes asociaciones y entidades que luchan contra la corrupción, tanto a nivel autonómico como estatal.
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