Madrid, 3 oct (EFE).- La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la cuestión de inconstitucionalidad que interpuso el Supremo contra la Ley de Amnistía, al acusar a este tribunal de emplear "criterios estrictamente políticos e ideológicos" contra la norma "y no técnico-jurídicos".

En un escrito de 37 páginas, al que ha tenido acceso EFE, la Abogacía solicita a la corte de garantías que desestime la cuestión planteada por la Sala Segunda del Supremo porque "no solo no acredita cómo el precepto impugnado genera inseguridad jurídica, sino que, adicionalmente, se basa en criterios estrictamente ideológicos y no técnico-jurídicos".

Fue el pasado 11 de septiembre cuando la corte de garantías admitió a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, que alude a dos asuntos concretos respecto de tres condenados por desórdenes públicos y atentado en las protestas en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés.

Según la Abogacía, la posición del Supremo "adolece de vicios procesales" que determinan que "la cuestión sea inadmisible" porque contiene "una serie de argumentos de carácter político y doctrinal" que "exceden sobradamente el carácter jurídico constitucional propio de una cuestión de inconstitucionalidad".

"No basta con que el órgano judicial cite su duda sobre la constitucionalidad de un precepto, sino que resulta imprescindible su fundamentación" una cuestión que "está ausente" en la cuestión del Supremo, sostiene el escrito.

La Abogacía acusa también al alto tribunal de hablar en términos futuros, "basándose en elucubraciones sobre posibles mayorías parlamentarias correspondiente a unos grupos u otros dentro de las Cámaras, pero no a una aplicación específica del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona".

Por eso, continúa, "no se puede argumentar la inseguridad jurídica basándose en un hipotético cambio de fuerzas en el arco parlamentario sino en una aterrizada aplicación de la norma al caso concreto, algo que no se encuentra especificado en este supuesto".

Asimismo, responde que "la Ley no incide en absoluto en la separación de poderes", porque son los jueces los que deciden sobre su aplicación en función de los requisitos que marca la norma.

Se da la circunstancia de que el Supremo baraja la posibilidad de promover nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, que podrían afectar a todos los procedimientos que el alto tribunal tiene pendientes de resolver y que quedarían suspendidos hasta que el Constitucional fallase sobre la norma.

La duda del alto tribunal pasa por cómo formalizar su posición en estos asuntos. Una opción es promover nuevas cuestiones de inconstitucionalidad, lo que podría dar lugar a varias cuestiones -hasta siete-, que conllevaría la suspensión de los procedimientos.

O, también, hacer constar que al haber una cuestión que ya ha sido admitida a trámite, como quiera que las dudas del Supremo sobre la Ley de Amnistía están basadas en los mismos razonamientos, se acuerde la suspensión del resto de procedimientos afectados en el alto tribunal a la espera de la sentencia del Constitucional, que puede demorarse más de un año e incluso más, ante la avalancha de recusaciones que ha recibido la corte de garantías.