Estrasburgo (Francia), 23 abr (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo dio este martes su visto bueno a la normativa sobre morosidad que fija en 30 días el plazo de pago de facturas tanto entre empresas como de la administración al sector privado, aunque introduciendo cierta flexibilidad.

Los eurodiputados, en particular, son partidarios de permitir que el periodo de pago se extienda a 60 días si así es acordado en el contrato entre ambas partes, según informó la Eurocámara en un comunicado.

También apuestan por permitir pagos hasta 120 días después del acuerdo para modelos de negocio "específicos" que requieren periodos más largos por razones de estacionalidad o disponibilidad de productos, entre los que citan la juguetería, la joyería o los equipos deportivos.

En la misma línea, la Eurocámara quiere dejar fuera de la aplicación de estas nuevas normas al sector de los libros, su edición y publicación, en el que "las condiciones de pagos estarán definidas por acuerdo entre las partes implicadas".

En casos de retraso en el pago, los eurodiputados proponen establecer compensaciones de entre 50 y 150 euros por cada transacción, en función del valor de la misma, para cubrir los costes de recuperación del acreedor.

Estas son las líneas rojas del Parlamento Europeo para negociar la normativa de morosidad con los Estados miembros, que todavía no han fijado su posición al respecto. Las conversaciones entre ambas partes comenzarán una vez se haya formado la nueva Eurocámara tras las elecciones de junio.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) pidió este martes "agilizar" la tramitación de la normativa y aprobar un texto definitivo que sea "lo más cercano al planteado para que puedan beneficiarse millones de autónomos y pymes en toda Europa".

Combatir el fraude

En otra votación, los eurodiputados también fijaron hoy su posición negociadora para las nuevas normas que buscan combatir el fraude en los pagos electrónicos y mejorar la protección de los consumidores con una gestión más transparente de sus datos.

La Comisión Europea planteó esta reforma en junio del pasado año con la intención de adaptar unas normas que datan de 2015 a un entorno en el que los pagos electrónicos han crecido exponencialmente (de 184 billones de euros en 2017 a 240 billones en 2021), han surgido nuevos proveedores como las "fintech" y aparecido nuevas y "sofisticadas" formas de fraude en la UE.

Así, han reclamado que los consumidores tangan "información clara, transparente y accesible" sobre todos los cargos que se van a efectuar antes de realizar una transferencia, entre ellos los relacionados con la conversión de divisas o las tasas fijas por retirada de efectivo, explicó la institución en un comunicado.

Para garantizar el acceso a efectivo en zonas rurales, la Eurocámara propone que las tiendas que están dispuestas a proporcionar hasta cien euros de efectivo sin que exista una compraventa deberían quedar fuera de la aplicación de las normas.

Asimismo, los eurodiputados señalan que el identificador único (como el IBAN) debería poder ser verificado libre de cargos, así como que los proveedores de servicios de pago "deberían garantizar una sólida autenticación" a sus clientes y ser responsables de compensarlos en casos de fraude que conlleven pérdidas.

Los consumidores, además, deben tener la capacidad de dar su permiso para que los proveedores procesen sus datos, denegar dicho permiso o incluso retirarlo.