La importancia de generar confianza y disminuir los riesgos, que ha de ir de la mano con el profundo proceso de transformación social que trae consigo la digitalización, así como la defensa de los valores y principios de la justicia y los derechos de las personas, fueron los temas clave entorno a los que se articuló la VI Jornada sobre la Seguridad Jurídica de las Inversiones en Latinoamérica, celebrada en la sede del Consejo General del Notariado, bajo el título Tecnología, Cooperación y Derechos Humanos.
En la inauguración, el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la trascendencia de este foro para tratar la seguridad jurídica desde diferentes ángulos, puesto que “no es única y exclusivamente una exigencia de la economía, es también necesaria para el desarrollo de la libertad y la justicia". Desde la perspectiva notarial, añadió, “es un tema especialmente relevante, y que nos concierne, en la medida en que los notarios contribuimos a esa seguridad jurídica en muchos aspectos, como la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Le acompañaron en la apertura el director de la jornada, Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado del CGN para América; y el coordinador y moderador de las mesas de debate, Ramón Casilda, analista y consultor de economía y negocios iberoamericanos.
El presidente de la Academia Notarial Americana, Carlos Enrique Becerra, participó por vía telemática en la inauguración y subrayó “la importancia de la seguridad jurídica preventiva, en la que tienen una gran participación los notarios”. Intervino también por videoconferencia el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Homero López Obando, quien hizo alusión a la necesidad de “reflexionar sobre la estrecha relación de la economía y el derecho teniendo en cuenta la justicia y la ética, valores fundamentales del ser humano”.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, fue el encargado de realizar la conferencia de apertura, con una intervención en vídeo en la que valoró la relevancia de la jornada, puesto que “la certeza jurídica es trascendental para aumentar los flujos de inversión en Latinoamérica porque permite generar confianza, fomentar la innovación y disminuir los riesgos y los costes de transacción”.
La Inteligencia Artificial a debate desde el prisma social
La primera mesa redonda de la sesión profundizó en los retos que plantea la integración de la inteligencia artificial (IA) para la seguridad jurídica. El exrector y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, abordó la necesidad de encontrar soluciones jurídicas, computacionales y educacionales a los riesgos que plantea el uso de esta tecnología: “Debemos controlar estos sistemas; no podemos dejar en manos de la inteligencia artificial las decisiones que interfieren con los derechos humanos”.
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y de la Autónoma de Madrid, Adolfo Castilla, se mostró optimista sobre el desarrollo económico a través de la aplicación de la IA y apuntó que “la digitalización pasa por transformar totalmente las empresas; no solo basta con la automatización, sino que procesos y sistemas tienen que estar interconectados”.
Economía del dato, protocolos notariales y ética social
En cuanto a la seguridad digital y la sociedad de la información, el abogado del Estado y presidente de la Fundación ESYS, Carlos López Blanco, manifestó que “los datos son la esencia de este proceso de profundo cambio social que afecta a la economía y -por supuesto- al derecho”. “El reto es construir un modelo de digitalización que respete los principios de la sociedad abierta y democrática, que legitime la función principal del derecho: proveer de confianza”, añadió.
Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado (Ancert), destacó la avanzada digitalización del Notariado español, “ejemplar en el uso de la tecnología, con un modelo que garantiza la seguridad jurídica y tecnológica”. Martínez Lacambra ofreció también algunos datos de actualidad sobre los protocolos electrónicos generados por los notarios españoles, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023: “desde el 9 de noviembre, se han generado ya más de 150.000 protocolos notariales online y se han depositado 500.000 documentos en la Sede Electrónica Notarial”.
El catedrático de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas, José Luis Fernández, aportó una visión más filosófica en el ámbito de la responsabilidad civil: “Tenemos la oportunidad de repensar nuestros valores para poner en el centro a la persona, su dignidad y sus derechos. La sociedad civil debe tener voz a través de sus cauces, entre los cuales el Notariado tiene gran importancia”.
Cooperación y digitalización de las administraciones públicas
En el tercer coloquio de la jornada, el ejecutivo principal del CAF - Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Rafael Hoyuela, avaló el “desarrollo de marcos regulatorios que permitan fomentar la inversión y la economía de los países de Iberoamérica” y señaló que nos encontramos ante “una gran oportunidad para reforzar nuestros lazos, cerrar las brechas digitales e impulsar los proyectos de colaboración público-privada”.
En la misma línea, por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, M.ª Paz Martínez García, habló sobre la cohesión social y la gobernanza como aspectos en los que “la utilización de la tecnología puede contribuir para mejorar los procesos y servicios, por ejemplo, en el ámbito de la justicia fiscal, la transparencia o la rendición de cuentas”.
Circulación segura de documentos e independencia del poder judicial
El director de la jornada, Alfonso Cavallé, intervino en la cuarta y última mesa para exponer el proyecto IberFides, “una iniciativa del Notariado español que va a facilitar el acceso a la justicia de ciudadanos y empresas, con garantía absoluta de seguridad jurídica y tecnológica en la circulación electrónica de documentos notariales entre países iberoamericanos”.
En defensa también de los valores, la ética y los principios de la justicia, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero, abordó la importancia en los sistemas democráticos de las instituciones judiciales y la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial: “Los problemas de nuestras democracias empiezan y terminan por un sistema judicial débil y poco independiente”.
Finalmente, el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, clausuró el acto expresando su agradecimiento a los participantes y a la comunidad iberoamericana, destacando que “compartimos valores comunes con los países latinoamericanos, que incluyen el dialogo para delimitar cómo debemos adaptarnos a un nuevo entorno digital”.
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