• Absuelve a la esposa del acusado del delito continuado de apropiación indebida que se le imputaba al considerar que “no ha resultado acreditado” que participara en la ejecución de los hechos “ni se beneficiase de las cantidades apropiadas por su marido”

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cuatro años de cárcel a un notario ya jubilado por un delito continuado de apropiación indebida tras quedarse con 400.920,39 euros de más de un centenar de clientes entre los años 2005 y 2015.

En la sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia condena al acusado a cuatro años de prisión y el pago de una multa de 30.000 euros, así como a indemnizar a los perjudicados en la cantidad de la que se apropió, como son los 400.920,39 euros referidos.

El tribunal absuelve a la esposa del acusado del delito continuado de apropiación indebida que se le imputaba al considerar que “no ha resultado acreditado” que participara en la ejecución de los hechos “ni se beneficiase de las cantidades apropiadas por su marido”.

Así, la Audiencia considera probado que el acusado, en el año 2005 y entre 2009 y 2015, cuando se jubiló tras ejercer como notario durante años en la capital cordobesa, “recibió de distintos particulares y sociedades diversas cantidades de dinero como provisión de fondos (ya en metálico, ya por cheque bancario, ya a través de transferencia bancaria)” para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas, pago de tasas o inscripciones en el Registro de la Propiedad.

El tribunal manifiesta que dichas cantidades fueron entregadas por los clientes “desde la confianza que infunde la práctica usual de cualquier notaría”, pero el acusado, “lejos de dar el destino delimitado para el que se las habían confiado, le dio otro distinto en beneficio particular, apropiándose de las mismas con ánimo de enriquecimiento ilícito, sin llegar a ejecutar efectivamente ya todos, ya parte de los trabajos encomendados”.

“Para lograr su finalidad”, el notario “se valía de la ayuda” de una empresa cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados, a través de la cual “se gestionaba administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta se ingresaban parte de las provisiones de fondos, con independencia de las que se hacían en otras cuentas bancarias titularidad del acusado”.

Según recoge la sentencia, el acusado se apropió de un total de 400.920,39 euros de sus clientes, habiendo consignado antes del inicio del juicio la cantidad de 20.000 euros para su entrega a los perjudicados.

Respecto a la esposa del acusado, la Audiencia señala que ostentó el cargo de administradora única de la empresa hasta el 22 de octubre de 2014, fecha en que asumió dicho cargo su marido. No obstante, la mujer del notario, “que acudía esporádicamente a la notaría, más por la relación matrimonial que por otras razones, se limitaba a estampar su firma cuando era requerida por su esposo con motivo del cierre de cuentas, pero no tenía conocimiento en modo alguno de los desvíos de fondos que en relación con las provisiones de los clientes aquél efectuaba”.