El Rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Sonia Sotomayor, que está en España para asistir al acto de conmemoración del Día de la Mujer, el próximo día 8 de marzo actual, bajo el lema: ‘Invertir en las mujeres: acelerar el progreso’, que desde hace más de un siglo es todo un reconocimiento a los logros de las mujeres en la historia, y que se desarrollará en el Tribunal Constitucional.
La jueza Sonia Sotomayor acudió al encuentro con Don Felipe en el Palacio de La Zarzuela acompañada por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.
La conmemoración del Día de la Mujer se concibe como una reivindicación del papel protagonista que las mujeres juristas han tenido y tienen en el avance de la igualdad de género y de la democracia en todo el mundo, gracias a trayectorias prestigiosas y altas posiciones jurisdiccionales como la de la jueza Sonia Sotomayor, que pronunciará la conferencia magistral del acto.
La magistrada Sonia Sotomayor, se convirtió en la primera persona hispana en llegar al estrado de la Corte Suprema en 2009, cuando fue nombrada por el presidente Barack Obama. Es también la tercera mujer magistrada de la historia de la Corte Suprema. Su mandato en la Corte Suprema se caracteriza por su preocupación por los derechos de los acusados, su interés en la reforma del sistema de justicia penal y por disentir apasionadamente sobre cuestiones de raza, género e identidad étnica.
La Corte Suprema de los Estados Unidos es la corte de mayor rango en el país y la única parte del sistema judicial que la Constitución requiere de manera específica.
En su composición, desde 1869, el Tribunal lo integran nueve magistrados, incluyendo a su Presidente. Todos los magistrados son nominados por el Presidente de Estados Unidos, confirmados por el Senado y ostentan su cargo de manera vitalicia, aunque existe la posibilidad de que renuncien al mismo. Con el fin de asegurar la independencia del Poder Judicial y proteger a los jueces de presiones políticas, la Constitución prescribe que los jueces desempeñarán su cargo mientras dure su “buena conducta”.
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