La abogada Gemma Jones ha sido inhabilitada para ejercer su profesión en Guinea Ecuatorial por mostrarse crítica en redes sociales con el sistema judicial y social de su país. Dirige el despacho JONES & SACRISTÁN, especializado en la defensa de los Derechos Humanos y la consultoría de negocios y ha tenido que dejar su país porque se sentía amenazada.

El pasado mes de noviembre, a través de un vídeo de TikTok, Jones denunció la falta de independencia judicial poniendo de manifiesto las deficiencias del sistema. Y más tarde desde el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, en una Junta de Gobierno, le indicaron que recibiría una sanción “por orden de la superioridad”.

Después de esta reunión en un entorno intimidatorio, Gemma Jones sintió que su vida corría peligro y se vio obligada a abandonar el país. Y ahora, tras la comunicación de su inhabilitación, hablamos con la letrada, que se encuentra actualmente en Madrid.

¿Cuál es la situación judicial en Guinea-Ecuatorial?

El entorno es muy represivo porque la Administración de Justicia no funciona bien. Todavía no se ha implementado una carrera judicial efectiva, hay una ley aprobada, pero la designación de los miembros del poder judicial, magistrados, secretarios, etc. se sigue haciendo por nombramiento. Esto hace que la calidad de la justicia esté mermada.

¿Qué presiones e intimidaciones ha sufrido?

En el despacho hemos estado sometidos a diferentes advertencias verbales por nuestra actividad en redes sociales, que es donde efectuamos las denuncias. Las realizan figuras de mando con autoridad para ejecutar cualquier tipo de orden. Antes de que yo viajase a España, entendí que mi vida corría peligro.

En Guinea Ecuatorial es muy difícil dedicarse a los Derechos Humanos porque el compromiso que tiene el país solo es formal, en la realidad las víctimas no tienen capacidad para alzar la voz. Nosotros hemos aparecido como una punta de lanza para hacer ver a la administración pública e instituciones locales que ese compromiso tiene que ser real y debe ir más allá que la mera circunscripción de instrumentos internacionales y diferentes normativas.

¿Cómo va a recurrir su inhabilitación?

A nivel local se ha interpuesto un escrito de queja que no ha sido contestado por el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, ministerio tutor del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial. Tampoco se ha contestado el recurso de reposición contra la sanción disciplinaria. No esperamos implementar otra iniciativa porque es muy difícil que haya una pronta respuesta o voluntad institucional de aclarar esta situación. Las órdenes vienen desde arriba, así se nos ha dicho y lo vemos muy complicado.

A nivel internacional estamos estableciendo contactos con distintos organismos institucionales que han mostrado interés por la gravedad del caso. La inhabilitación está ahí, pero prohibir a un abogado dar la venia para impedir que el resto de los abogados asuman y continúen con la defensa de los derechos fundamentales es una aberración jurídica que estamos intentando revocar.

 ¿Cuáles son sus planes? ¿Piensa volver a su país?

A nivel personal mi plan es protegerme, cuidarme y ponerme en valor. Ha sido una situación muy dura, con mucha tensión, porque además tenía que pensar en todo el equipo, que hace un esfuerzo tremendo por mantener los estándares de calidad del despacho, y tenía que protegerlo.

A nivel profesional, quiero seguir visibilizando mi situación con las instituciones que estén dispuestas a colaborar, con los compañeros activistas, los defensores de Derechos Humanos, los periodistas… El último fin es conseguir la revocación de la sanción y regresar a mi país con garantías que me aseguren poder trabajar sin represalias físicas contra mi integridad. No puedo volver a cualquier precio.

A largo plazo voy a continuar luchando porque la República de Guinea Ecuatorial adopte un compromiso material que proteja a los defensores de los Derechos Humanos, para que haya mejores condiciones de trabajo.

¿Qué tiene que pasar para que regrese?

El proceso disciplinario sancionador se ha incoado de manera arbitraria y fraudulenta. En algún momento las instituciones ecuatoguineanas tienen que entender que las consecuencias podrían repercutir a nivel internacional en la marca Guinea Ecuatorial y motu proprio decidir revocarla. No creemos que vaya a suceder por un proceso legal. No estamos ante un caso de deontología profesional, no soy un criminal, es simplemente una sanción adoptada porque no comulgo con una ideología política y me siento perseguida por la exhibición pública de una ideología.

¿Cómo la ha ayudado el Observatorio de la Abogacía en Riesgo?

El Observatorio hace un trabajo increíble, son especialmente reactivos ante la comunicación de un caso de riesgo y han sido extremadamente colaboradores, sensibles y han empatizado desde el minuto uno con mi situación. Han ayudado a visibilizar la situación a la que estamos sometidos los abogados en Guinea Ecuatorial y se han postulado como un interlocutor válido para solicitar la revocación inmediata de la sanción, junto con el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Madrid. Solo tengo palabras de agradecimiento.