El jurista Juan Carlos Campo Moreno, portavoz de Justicia  del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en las últimas tres legislaturas, ha sido elegido por Pedro Sánchez para ponerse al frente de esta cartera.

Campos, nacido Osuna (Sevilla) en 1961, ingresó en la carrera judicial hace 32 años, es doctor en Derecho, fue vocal del Consejo General del Poder, obtuvo plaza en lo Penal de la Audiencia Nacional y ha ocupado diferentes puestos de alta responsabilidad en la gestión pública, un perfil que le venía colocando  desde el año 2000 en todas las quinielas para ocupar el Ministerio de Justicia siempre que  ha habido gobierno socialista.

Accedió a la carrera judicial en 1987, adquiriendo dos años después la categoría de magistrado. Diez años después consiguió el doctorado en Derecho por la Universidad de Cádiz y fue entonces cuando comenzó su trayectoria política saltando de la Audiencia Provincial de Cádiz a Director General para las Relaciones con la Administración de Justicia por la Junta de Andalucía, cargo en el que permaneció hasta el junio del año 2000.

Entre el año 2001 y 2009 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PSOE y en 2009 fue nombrado secretario de Estado del Ministerio de Justicia, cargo que ocupó hasta 2001, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya en 2014, la Junta de Andalucía le nombró secretario general de Relaciones con el Parlamento.

El pasado mes de abril, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España aprobó su nombramiento como académico de esta institución y hace apenas unos meses fue distinguido con el Premio Excelencia y Calidad por el Colegio de Procuradores.

RETOS EN JUSTICIA

El reto más importante que debe asumir el nuevo ministro en cuanto a la abogacía es solucionar la situación actual del Turno de Oficio, después de que el anterior ministerio, presidido por Dolores Delgado dejase de asumir la minuta de estos letrados que representaban a personas que no tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Desde su posición como portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Campo siempre ha defendido la creación de  un pacto de Estado para la justicia -que también se ha incluido en el pacto PSOE-Unidas Podemos- y así lo ha intentado en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso en la que ha sido portavoz socialista en las últimas legislaturas    El principal reto al que tiene que hacer frente, en consonancia con el citado acuerdo, es el de participar desde su departamento en la superación de la “deriva judicial” del  conflicto independentista en Cataluña tal y como lo expresó el presidente del Gobierno en el debate de investidura.

De hecho, el acuerdo pactado con ERC subraya el “reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo”. “Solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”, dice este documento.

Campo también tendrá que afrontar los objetivos plasmados en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para conseguir una “justicia eficaz”. Dentro de ello se encuentra el pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de expedientes, y la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.

Igualmente, el nuevo ministro, que sustituye en el cargo a la fiscal Dolores Delgado, deberá responder a una de las principales demandas de las asociaciones de jueces y fiscales: la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con el que se eliminará los plazos máximos de instrucción de causas penales.

El último miembro del Gobierno en darse a conocer antes de que este domingo Pedro Sánchez informe formalmente al Rey sobre los integrantes de su Ejecutivo tendrá también sobre la mesa tiene otros proyectos que ya dejó listos el anterior equipo ministerial, como es la futura reforma penal relativa a los delitos sexuales, que próximamente se llevará al Consejo de Ministros, según han apuntado fuentes del Ministerio de Justicia. Tiene también pendiente volver a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recuperar la justicia universal.

Sobre esta ley, está aún sin cerrar si finalmente se modifica también el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial –pendiente de renovación desde hace más de un año– y son elegidos directamente por los jueces y magistrados.

Además, del Ministerio es la responsabilidad del nombramiento del Fiscal General del Estado, por lo que  Campos  deberá decidir si mantiene en el cargo María José Segarra o la sustituye.