Mercedes Ortuño Lizarán

Madrid, 17 jun (EFE).- El jueves se cumplirá un mes desde que los funcionarios de juzgados y tribunales comenzaron su huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales, un esfuerzo económico que ya comienzan a notar pero que no hace mella en su determinación por continuar el conflicto hasta obtener la respuesta que exigen: una oferta "razonable" del Gobierno.

Pese a que algunos trabajadores ya han comenzado a percibir las penalizaciones económicas de entre 80 y 100 euros por día de huelga en sus últimas nóminas y a que nada hace presagiar que vayan a recibir pronto una oferta "mínimamente aceptable" por parte de Justicia, las asambleas han decidido esta semana por amplia mayoría continuar el paro indefinido que mantienen desde el pasado 22 de mayo y representantes sindicales aseguran a EFE que seguirán "cueste lo que cueste".

¿Y CUÁNTO CUESTA LA HUELGA?

Los sueldos entre los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia son muy diferentes, como variadas son también las categorías profesionales a las que pertenecen.

Se trata del 93 % del personal de la administración de Justicia. Son 45.000 funcionarios que forman parte de los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa, y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa, y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial), y sus titulaciones van desde el grado en Medicina y otros títulos universitarios hasta el graduado escolar.

Las penalizaciones cambian en función del salario, que depende a su vez de la categoría y de la comunidad autónoma, pero en general oscila entre los 80 y los 100 euros por cada día de huelga, según el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.

Para no notar tanto el impacto de la huelga en el bolsillo, lo normal es pactar un prorrateo de las penalizaciones para ir pagándolas a plazos y que ninguna nómina pueda ser negativa para el trabajador, explica.

DOS MESES DE MOVILIZACIONES Y CASI UNO DE HUELGA INDEFINIDA

Las movilizaciones en realidad empezaron hace dos meses exactos, el 17 de abril, primero con paros parciales de tres horas al día y luego con huelgas de 24 horas en jornadas puntuales.

Para aumentar la presión sobre el Ministerio de Justicia, los sindicatos convocantes -CSIF, STAJ, CCOO y UGT- convirtieron el parón en indefinido el 22 de mayo.

Alguien que haya ejercido su derecho a huelga durante todas estas jornadas habrá perdido de media unos 2.700 euros en los dos meses de movilizaciones.

EL CONFLICTO SIGUE Y EL IMPACTO CRECE

Unas cifras que seguirán creciendo mientras no haya diálogo, al igual que los juicios y las actuaciones procesales suspendidos: más de un millón y cerca de diez millones, respectivamente, según los últimos datos del comité de huelga facilitados a EFE.

Aunque Justicia y sindicatos discrepan en el seguimiento, los datos de unos y otros se mantienen estables con el paso de los días. Según los trabajadores, el 75 % secunda los paros, mientras que el Ministerio sitúa el porcentaje en torno al 24 % en las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Tras recibir esta semana el apoyo de las asambleas de todo el país, que decidieron por una mayoría "aplastante" seguir con la huelga, los sindicatos planean tres nuevas manifestaciones: dos el 27 y el 29 de este mes y una tercera la semana del 10 de julio, en plena campaña electoral.

Los sindicatos, que piden entre 350 y 450 euros brutos más al mes, pretenden con estas protestas forzar a negociar mejoras salariales y laborales a Justicia, cuya última "oferta" fue retomar las negociaciones tras la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos y nacional.