Madrid, 6 jun (EFE).- Los representantes de los funcionarios de la administración de Justicia se han encerrado en el Ministerio que dirige Pilar Llop para forzar la negociación, después de que el secretario de Estado de este departamento, Tontxu Rodríguez, haya abandonado la reunión "de forma abrupta negándose a negociar las propuestas sindicales".

"No abandonaremos (el Ministerio) hasta ser recibidos por una persona interlocutora válida que asuma la negociación y deje de hacer propuestas impresentables y ofensivas para la dignidad de nuestro colectivo", han avisado los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT en un comunicado, tras recibir un "compromiso de negociación" de sus reivindicaciones con el nuevo Gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio.

Para el comité de huelga, Rodríguez "no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos", por lo que ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que designe a otra persona "capaz de negociar y de tomar decisiones".

"El conflicto tiene que continuar, el comité de huelga va a agotar todas las posibilidades de presión con este encierro", han asegurado los sindicatos, que mantienen su huelga indefinida.

Por su parte, Justicia se ha referido en una nota a continuar "trabajando por el diálogo" una vez se hayan constituido los nuevos gobiernos central y autonómicos y se dé un "marco de negociación sosegado y estable".

Tras los acuerdos retributivos alcanzados con letrados de la administración de Justicia y con jueces y fiscales, los funcionarios exigen mejoras salariales de entre 350 y 430 euros.

Con el Congreso y el Senado disueltos, a partir de ahora ya no se puede aprobar ninguna norma con rango de ley y, por tanto, tampoco la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas.

El Ministerio asegura en su nota que negociará el nuevo Anteproyecto de Ley "con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto como se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno".

El comité de huelga ha rechazado este compromiso de una futura negociación por considerarla una "burla" y una propuesta "absolutamente insuficiente" tras mes y medio de movilizaciones, que comenzaron con paros parciales y huelgas de 24 horas en días concretos y el pasado 22 de mayo se convirtieron en un paro indefinido para aumentar la presión.

La oferta de Justicia "no compromete a nada" según los funcionarios, que exigen "iniciar realmente el proceso de negociación" este martes, "sea la hora que sea", así como la intervención del Ministerio de Hacienda y Función Pública en las conversaciones para tratar las cuestiones económicas.

Mientras que el departamento de Llop ha lamentado el "grave perjuicio" de esta huelga para la ciudadanía y otros profesionales del sector de la Justicia, los funcionarios responsabilizan al Gobierno de no dejarles "otra opción".

Desde que comenzaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, el conflicto ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los últimos datos de los sindicatos.

Este miércoles al mediodía los funcionarios se volverán a manifestar frente al Ministerio de Justicia, donde han protagonizado ya numerosas protestas.