Los pasados 26 y 27 de octubre se celebró en el Colegio de Abogados de Pamplona un Curso de especialización jurídica en violencia de género, organizado por el MICAP con la participación de los colegios de abogados de Tudela, Estella y Tafalla y patrocinado por el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INI-NBI).
La decana del Colegio, Blanca Ramos, dió la bienvenida a los participantes en el Curso señalado que éste “se inscribe en la apuesta del MICAP por la formación y la deontología y que su celebración posibilita una mejor atención a las víctimas”. La decana aludió al incremento del número de denuncias por violencia de género (Los juzgados españoles recibieron 42.689 en el segundo trimestre del año, lo que supone un 18% más que el mismo trimestre del año anterior) lo que si bien supone un avance en la “sensibilización, visibilización y concienciación sobre esta lacra, entristece y preocupa ese número tan alto de denuncias”, por lo que animó a seguir trabajando para erradicar cualquier tipo de comportamiento violento hacia las mujeres.
A continuación tomó la palabra Geno Echando, quien también incidió en la importancia de una buena formación “que nos permita introducir los cambios en la atención a las mujeres”. Añadiendo que la entrada en vigor de la Ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres ha supuesto un nuevo enfoque en la mirada hacia los recursos y servicios de atención a las mujeres, y por ello se va a iniciar por parte del Instituto una evaluación del Servicio de atención jurídica a las mujeres junto a una valoración de los servicios de acogida y de las ayudas económicas”.
En este sentido, Geno Echando explicó que “pensamos que es responsabilidad del Gobierno ver si estos recursos están respondiendo a las necesidades que plantean las mujeres”, y adelantó que a lo largo de 2018 continuará la evaluación de otro tipo de recursos y servicios. Según ha indicado, se va a diseñar un sistema que permita “hacer sostenibles las mejoras identificadas y que tengan impacto en la satisfacción de las mujeres”, para lo que se va a contar con la opinión de los profesionales de la abogacía, de las propias mujeres y de los servicios que de manera coordinada trabajan en esta materia. De esta forma, se podrá mejorar la respuesta institucional “bajo criterios de coherencia, eficacia y sostenibilidad en el tiempo”.
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