Una delegación del Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo (OIAD), integrada por abogadas y abogados de Suiza, Francia e Italia y de la que también formaban parte los representantes del MICAP Alfredo Irujo y Miguel Martínez de Lecea acudieron entre los días 4 y 8 de abril a Turquía con el fin de realizar el seguimiento de dos procesos que afectan a cuatro abogados. Tras la asistencia a uno de ellos, Irujo y Martínez de Lecea, únicos españoles en la delegación, concluyen que los procesados carecen de garantías legales, denuncian “la parcialidad de los jueces y la vulneración del principio de presunción de inocencia”, y defienden la utilidad de este tipo de misiones para dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan los abogados opositores al Gobierno. 

Desde el intento de golpe de estado de 2016 las autoridades turcas han ejecutado una implacable campaña de arrestos de la que han sido víctimas abogados de 77 de las 81 provincias del país opositores al Gobierno o a alguna de sus decisiones. Hasta la fecha, más de 1.600 abogados han sido procesados, 615 han sido arrestados, y 450 abogados han sido condenados a 2.786 años de prisión por su supuesta pertenencia a una organización terrorista armada o por difundir propaganda terrorista. Además, 15 de los abogados perseguidos son decanos o exdecanos de Colegios de Abogados provinciales.

Los procesados son Ramazan Demir y Ayse Acinikli, miembros de la organización “Lawyers for Freedom” (Ozgurlukcu Hukukcular Dernegi -ÖHD-), acusados de una supuesta pertenencia a organización terrorista y que en este momento se encuentran en libertad; y Selçuk Kozagacli, Barkim Timtik (hermana de Ebru Timtik, también abogada, que murió el 27 de agosto de 2020 después de 238 días de huelga de hambre en prisión) y Oya Aslan, de la asociación “Progressive Lawyers” (Çağdaş Hukukçular Derneği -ÇHD-) y titulares del Despacho “Cabinet du peuple” (Halkin Hukuk Bürosu), a quienes se acusa asimismo de terrorismo y que se encuentran en prisión provisional, llevando el primero más de cuatro años en esa situación. 

Dicho despacho de abogados -explica Martínez de Lecea-  ha defendido asuntos como, por ejemplo, la peor catástrofe la minería en Turquía ocurrida en Soma, en la que murieron 301 trabajadores, asimismo asuntos de torturas contra las autoridades turcas, asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres y expropiaciones de viviendas por parte de las autoridades turcas. Según la OIAD, “el uso de la legislación penal y antiterrorista para criminalizar las actividades profesionales legítimas de los abogados pone en peligro el Estado de derecho en Turquía. En concreto, el uso de delitos vagamente definidos para detener y procesar a los abogados, los procesos por motivos políticos, y la falta de pruebas, enmarcados en juicios ante tribunales que carecen de independencia e imparcialidad”.

En el primero de los procesos la delegación de la OIAD asistió a una audiencia ante el tribunal al que, por parte de la defensa, se solicitaba la práctica de determinadas diligencias probatorias, así como el levantamiento de la prohibición de salir del país. En ese caso, todas las solicitudes formuladas fueron aceptadas y quedó señalada la fecha para la celebración del juicio el 22 de junio de 2021.

En relación al segundo, el día 5 de abril visitaron a los abogados procesados en la prisión de Silivri, donde recibieron información sobre el caso y escucharon las impresiones de los encausados. Posteriormente, el día 7 de abril los delegados asistieron a la audiencia en la que se trataba sobre la petición de libertad provisional de ambos abogados. Alfredo Irujo señala que “nada cabría objetar al desarrollo de la sesión, en la que las defensas y los propios abogados procesados tuvieron ocasión de manifestarse con libertad, ante el silencio del fiscal. La sorpresa –añade- vino cuando prácticamente sin fundamentación de ningún tipo se decidió por el tribunal el mantenimiento de la prisión provisional sin dar respuesta a las argumentaciones de las defensas, lo que hace que debamos cuestionar seriamente tanto la motivación de la decisión judicial adoptada, como la propia independencia judicial del tribunal que, tras leer su decisión, salió de la sala, literalmente, de estampida”.   

El anterior decano del MICAP agrega que el tribunal sustituía al que llevaba el caso, cuyos titulares habían comunicado, al parecer, que se encontraban enfermos.

“Hemos echado en falta, efectivamente, la preceptiva motivación de las decisiones judiciales, máxime cuando desde la defensa se está realizando una precisa y rigurosa invocación jurídica”, manifiesta Alfredo Irujo, quien indica que de los testimonios recogidos de otros letrados se deduce que “se trata de algo generalizado en determinados tipos de asuntos frente a abogados opositores al Gobierno o defensores de causas que no son del gusto de éste”. Los abogados consultados manifestaron a la comisión del OIAD que a partir de 2016 se ha producido un “cambio radical” en la Justicia en Turquía, al ser sustituido el 60% de los jueces por personas mucho más jóvenes, sin experiencia y sumisos a los intereses del poder ejecutivo. “Es lo que explicaría la falta de garantías a las que se ven sometidos los procesados, la parcialidad de los jueces y la vulneración del principio de presunción de inocencia”, reflexiona Irujo. 

Agrega el representante del MICAP que “da la sensación de que los tribunales carecen de la debida competencia técnica y de la imparcialidad que les debe caracterizar”, e insiste en que la audiencia del día 7 de abril se despachó “con auténtica banalidad” por parte del tribunal, “sin dar la respuesta obligada a las argumentaciones jurídicas de las defensas y sin que el fiscal dijera nada en contra”. Por esa razón considera “de especial interés” el seguimiento de los juicios a cuyas audiencias asistieron y que están señalados, respectivamente, para los días 22 de junio y 15 de septiembre de 2021.

“Misiones como esta en la que hemos participado puede parecer que no dan frutos inmediatos, pero lo cierto es que la presencia de abogados de distintos países siguiendo el juicio con sus togas da visibilidad a los problemas a los que se enfrentan los abogados procesados, y la observación imparcial que realizan y que luego se publicita debe hacer más difícil la vulneración de los derechos humanos”, concluye Alfredo Irujo.