El número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles en el primer trimestre del año fue de 1.505.681, lo que representa un incremento del 0,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, según el informe “Situación de los órganos judiciales” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los órganos judiciales resolvieron 1.472.649 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 2.420.110 asuntos, un 10,4 por ciento más que en la misma fecha del año pasado.
La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil –con una subida del 14 por ciento- como en la contencioso-administrativa –donde el incremento fue del 2,1 por ciento-, mientras que descendió un 7,6 por ciento en la penal y un 5,5 por ciento en la social.
Datos por jurisdicciones
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre del año fue de 583.343, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se resolvieron 522.878 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 1.268.434.
En la jurisdicción penal entraron 770.002 asuntos, un 7,6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017. El número de asuntos resueltos fue de 791.268 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 691.711.
En la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron 50.056 asuntos entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, lo que representa una subida interanual del 2,1 por ciento. Se resolvieron 53.633 asuntos y quedaron en trámite 183.650.
Por último, la jurisdicción social experimentó un descenso en la entrada de asuntos, ya que los 102.234 ingresados suponen un 5,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 104.823 y el de los que quedaron en trámite al final del periodo de 276.248.
Análisis de los asuntos relativos a cláusulas abusivas
Los procedimientos por el ejercicio de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física han tenido un impacto relevante en el ingreso de asuntos.
Los 57.955 asuntos relacionados con, entre otras cuestiones, cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa ingresados en el primer trimestre del año representaron el 9,9 por ciento de la entrada en la jurisdicción civil y el 3,8 por ciento de la del conjunto de las jurisdicciones.
Además, los 16.996 asuntos de este tipo resueltos entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo supusieron el 3,3 por ciento de los resueltos en el orden civil y el 1,2 por ciento del total. En cuantos a los asuntos pendientes al finalizar el trimestre, los 179.566 relativos a cláusulas abusivas eran el 14,2 por ciento de la jurisdicción civil y el 7,4 por ciento del total.
Pese a que los Juzgados especializados en esta materia se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017 y aún no llevan un año de funcionamiento, lo que impide analizar la evolución del ingreso, se observa una tendencia descendente a partir del cuarto trimestre del año pasado, que previsiblemente continuará en los próximos trimestres.
Canarias y Andalucía, a la cabeza en litigiosidad
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2018 fue de 32,2 asuntos por cada mil habitantes.
Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media fueron Canarias (41,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), la Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).
Mientras tanto, las Comunidades Autónomas con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4).
Galicia también tuvo una tasa de litigiosidad excepcionalmente baja en el periodo analizado -22,1 asuntos por cada mil habitantes-, que en su caso obedece a la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que tuvo como efecto una disminución del 28,1 por ciento en el número de asuntos ingresados.
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