El término “influencer” es un anglicismo que hace referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Su opinión influye en la decisión de compra de otras personas, y con este fin crea publicidad en sus redes sociales a favor de determinados productos o servicios
El influencer no tiene por qué ser una persona famosa en los medios de comunicación tradicionales, pero sí tener cierta credibilidad en un ámbito concreto.
A la contratación con influencers no se le ha dado, hasta hace poco tiempo, la importancia que realmente tiene, a pesar de que está normalizado el contrato con celebrities, actores o actrices, y personajes públicos. Al ser el influencer una figura nueva, no estaba muy clara su regulación ni las características que tenían que tener estos contratos.
Con qué contrato trabaja el influencer
Los contratos que celebran los influencers con empresas o firmas, habitualmente son contratos de prestación de servicios.
En estos contratos, el anunciante contrata al influencer para promocionar su marca, por su reconocimiento o prestigio en un cierto ámbito, a cambio de una retribución que recibe él mismo, y que puede ser económica o en especie.
Este tipo de contrato es el más apropiado, puesto que en él se recogen las prestaciones que hemos mencionado, y se regula la relación entre los contratantes con todo tipo de detalles, de tal manera que quede reflejado con exactitud cómo tiene que llevarse a cabo esta publicidad y, de este modo, en el caso de que en un futuro exista alguna discrepancia por alguna de las partes, podrá exigir su cumplimiento judicialmente.
Cláusulas a incluir en el contrato
Para que no exista ningún problema en el desarrollo de la relación contractual, se deben incluir unas cláusulas mínimas, que expondremos a continuación, comunes a este tipo de contrato, pudiendo añadirse las necesarias en cada caso concreto.
Antes que nada, hay que delimitar el objeto del contrato. Esto es esencial, pues aquí se reflejará el tipo de contenido que tiene que publicar el influencer, en qué canal tiene que realizar la publicidad, cuándo se van a llevar a cabo estas publicaciones y, además, si se quiere, se puede especificar cómo se tiene que hacer mención a la marca, incluir algún hashtag o palabras claves, etc.
En segundo lugar, se tiene que plasmar la remuneración que va a recibir el influencer por realizar la colaboración. La remuneración puede ser económica o en especie, pero puede tener muchas especialidades, por lo tanto, es primordial que quede perfectamente identificado cómo va a llevarse a cabo esta retribución, quedando expuesto con todo tipo de detalles, especialmente si va a ser en especie.
Otro aspecto que se puede incluir es la cláusula de exclusividad, en la que se especifica si el influencer puede hacer publicidad sobre la competencia o no, además del tiempo que tendrá lugar esta exclusividad, en caso de haberla.
Asimismo, se puede pactar una compensación al influencer por tener esta cláusula, ya que deja de percibir posibles ingresos de otras colaboraciones.
Cabe destacar, la importancia que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial en este campo, pues establece quién será el propietario del contenido producido por el influencer y cómo se puede utilizar. Lo habitual es que el contenido producido para la colaboración pertenezca a su creador, por lo que esta cláusula recoge dónde puede utilizar el anunciante el contenido y durante cuánto tiempo.
Como ya hemos mencionado, además de todas estas cláusulas, se pueden incluir todas cuantas sean necesarias para la concreta colaboración.
Regulación de los influencers en España
Además de la normativa de carácter general aplicable en este ámbito, como el Código de Comercio, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, o la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, entre otra legislación; el 1 de enero de 2021 entró en vigor el Código de Conducta de Publicidad de influencers.
Este Código fue redactado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA), y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), con la finalidad de contar con un protocolo de buenas prácticas.
En él se establecen un conjunto de reglas que son de obligado cumplimiento para todos los miembros adheridos, así como para otras empresas del sector, como anunciantes, agencias de publicidad, representantes, medios de publicidad o para aquellos influencers que voluntariamente se adhieran.
Se trata así de normas de “soft law” o “derecho blando”, es decir, reglas que no son estrictamente vinculantes por naturaleza ni carecen por completo de significado legal.
