• El abogado de los cinco autores de la violación grupal de los Sanfermines de 2016, conocidos como La Manada, Agustín Martínez, ha pedido hoy que las críticas ante la reducción de un año de la condena a una de ellos "no vayan al abogado", sino a los políticos que diseñaron la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.

• La víctima de la violación de La Manada recurrirá la rebaja de pena de un condenado

Así lo ha explicado a EFE después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya rebajado en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco condenados.

Martínez ha lamentado que fuese este caso en concreto el que se usó para redactar esta polémica ley "que se intentó fundamentar partiendo de una premisa absolutamente falsa, como que es que esta ley pone el centro al consentimiento, cuando el consentimiento ha sido siempre la base de toda la legislación desde antiguo".

Así, ha sostenido que "lejos de en ningún caso ser un beneficio para aquellas mujeres que hayan podido ser agredidas sexualmente, lo que supone es una merma de las condenas que ya en su día se dictaron en aplicación de la Constitución y en aplicación del Código Penal en su artículo 2, como de aquellos casos que se vayan a producir a partir de ahora".

Ha apelado a la ministra de Igualdad y al presidente del Gobierno en funciones, Irene Montero y Pedro Sánchez, a que expliquen "cómo se ayuda a las mujeres o cuál es la defensa a las mujeres en aquellos casos en los cuales una agresión sexual con penetración que antes estaba penada de 6 a 12 años, ahora pasa a estar penada de 4 a 12 años".

Para el letrado, la reducción de condenas ha demostrado que "se estaba mintiendo a la sociedad, se estaba haciendo una ley errónea y la culpa no es ni de los abogados ni de los jueces que aplican esa ley", enfatizando que "los abogados aplicamos como instrumento la ley y los jueces tienen que interpretarla, pero de acorde a su literalidad, no a una interpretación interesada por parte de grupos de formaciones políticas".

"Creo que el ejercicio de la derecha de defensa es sacrosanto, es un pilar básico de un Estado democrático y es más, la presunción de inocencia también lo es. En este país hace ya mucho tiempo que nos acostumbramos a que la presunción de inocencia se convierta en presunción de culpabilidad y a que a los abogados se nos critiquen por hacer nuestro trabajo", ha lamentado el letrado, que ha recordado que "desde el Parlamento me han llamado abogado de violadores o propagandista de machismo, y nada más lejos de la realidad, simplemente soy abogado".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechazó el pasado febrero la solicitud de revisión planteada por la defensa de Boza, que planteaba pasar de 15 años a 13 años y 9 meses.

Contra esa denegación interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN. Todas las acusaciones —la fiscal, la denunciante, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona— solicitaron su desestimación.