Barcelona, 26 jun (EFE).- El juzgado de menores de Tarragona ha condenado al menor de 15 años que participó en septiembre de 2022 en el atraco a un bingo de Tortosa (Tarragona) y en el asesinato a una empleada del local a siete años de internamiento cerrado y a pagar una indemnización de 108.000 euros a la hija de la fallecida.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de septiembre de 2022, cuando el menor condenado, que en aquel momento tenía 15 años, y dos mayores de edad se pusieron de acuerdo para atracar un bingo de Tortosa.
Sobre las 00:40 de la madrugada del domingo al lunes, estando el local abierto, los tres atracadores entraron en él con una pistola cada uno y la cara tapada por un pasamontañas.
Según recoge la sentencia del juzgado de menores de Tarragona, los atracadores se dirigieron primero a un cliente que había en el bingo, al que le robaron el móvil y al que dispararon en el abdomen con la intención de matarlo, si bien el hombre solo quedó herido.
Tras ello, se dirigieron a la empleada del local y le exigieron que les entregara el dinero de la caja, a lo que ella accedió, procediendo a empezar la entrega de dinero.
No obstante, en un momento en que esta se giró, uno de los tres atracadores -la sentencia no especifica cuál- le disparó en la nuca también con la intención de matarla "y con absoluto desprecio por su vida", precisa la sentencia.
Justo antes del disparo, la mujer había logrado activar el botón de alarma del establecimiento, por lo que los atracadores decidieron irse de forma precipitada y sin sustraer nada.
La empleada murió horas más tarde en el hospital a consecuencia del disparo.
El juez ha considerado que, ante la actuación coordinada, los hechos son imputables a los tres y, por ello, considera al menor culpable de los mismos delitos por los que se acusa a los dos adultos (que todavía están pendientes de juicio): un asesinato consumado, un asesinato en grado de tentativa y robo con violencia.
Como consecuencia, el juez de menores impone al chico, que ahora tiene 16 años, siete años y tres meses de internamiento cerrado complementado con la medida de un año de libertad vigilada con asistencia educativa.
Además, en cuanto a la responsabilidad civil, le impone una indemnización de 108.000 euros a pagar a la hija de la empleada asesinada y 21.000 euros al cliente al que dispararon en el abdomen y robaron el móvil.
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