Madrid, 9 mar (EFE).- Expertos juristas han concluido en un informe encargado por la asociación de guardias civiles Jucil que algunos puntos de la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, rebaja la autoridad de los agentes de la Policía Nacional y del instituto armado.

Así lo exponen tres juristas y profesores de la Universidad CEU San Pablo en un informe elaborado para Jucil, la asociación mayoritaria en el consejo del instituto armado, al que ha tenido acceso Efe y que ya ha sido entregado a los diferentes grupos parlamentarios.

El Congreso de los Diputados retomó el pasado 15 de febrero los trabajos para debatir la reforma de dicha ley.

Lo hizo en una sesión en la que la mayoría de parlamentarios avaló incorporar la obligación de la fuerzas y cuerpos de seguridad de informar del uso de videocámaras para grabar a personas y lugares, como en el caso de manifestaciones, unas grabaciones que deberán ser custodiadas y podrán ser solicitadas por la autoridad judicial.

Posteriormente, se acordó suspender la ponencia en la que se debían debatir los puntos más polémicos de la reforma, como el uso de pelotas de goma o las devoluciones en caliente. Está pendiente una nueva sesión.

En su informe, Carlos Pérez Del Valle, catedrático de Derecho Penal, Pablo Nuevo López, profesor de Derecho Constitucional, y Lucana Estévez Mendoza, profesora de Derecho Procesal, analizan los siguientes cinco aspectos de la propuesta legislativa: el derecho de reunión, las grabaciones de agentes, las infracciones sobre consumo de drogas, los materiales antidisturbios y las declaraciones de los agentes.

Sobre los cambios previstos en el marco del derecho de reunión, afirman que la reforma es "más estética que real", aunque se sitúa en la línea de reducir la autoridad de los cuerpos de seguridad.

En concreto, señalan que el texto de la proposición de ley traslada la "sensación" de que se rebaja la protección de determinados bienes públicos como los órganos parlamentarios o las instalaciones donde se prestan servicios básicos para la ciudadanía.

En cuanto a las grabaciones de los agentes en sus intervenciones, subrayan que el "uso" no implica la mera captación o tenencia de imágenes o datos personales y profesionales, sino la publicación y difusión que represente un peligro para, por ejemplo, la vida privada de los agentes.

Por lo tanto, consideran que la reforma, que pretende suprimir las infracciones por estas grabaciones, "merma" la seguridad familiar de los agentes.

También apuntan que la prohibición del uso de determinados materiales antidisturbios, como las pelotas de goma, supone una "pérdida operativa" a la hora de restablecer el orden público, especialmente cuando manifestantes u otras personas hagan igualmente uso de objetos que conlleven un riesgo físico.

El informe hace hincapié en la posible supresión del valor probatorio de las declaraciones de los policías y guardias civiles en casos que supongan una sanción administrativa como la tenencia de drogas, ya que "no tiene sentido" que se tenga en cuenta en el ámbito penal y no en el referido.

Sobre las infracciones por consumo de drogas, explican que la reforma reduce sensiblemente los mecanismos disuasorios para evitar que se consuman estas sustancias o se abandonen jeringuillas en lugares como parques infantiles o proximidades de colegios.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha señalado que este informe les permite "consolidar" su opinión sobre la reforma de la ley de seguridad ciudadana, y ha afirmado que hará entrega de sus conclusiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.