Las claves del mecanismo de Segunda Oportunidad para ofrecer una salida a los ciudadanos endeudados y los peligros a los que se enfrenta con la reforma de la Ley Concursal actualmente en trámite, fueron el tema principal de la última Conferencia de los Lunes en la que participaron los abogados Yvonne Pavía y Martí Batllorí. Una ley “muy necesaria en estos momentos de crisis” que “cada vez debe llegar a más personas”, según señaló Pavía.

Esta herramienta “funciona, es simple y está en alza”, según explicó Pavía, a pesar de que cuando se aprobó en 2015 “ni los propios abogados creían que podría funcionar, por no hablar de los ciudadanos. Pero tenemos que creérnoslo y hacérselo creer a nuestros clientes”. Este auge lo demuestra que en 2020 se llegara a la cifra de 8.500 concursos de personas físicas y en 2021 se cerraran  casi 14.000. “Pero aún queda muchísimo respecto a otros países como Francia, Alemania o Inglaterra”, señaló.

“Con la cancelación de las deudas de las personas insolventes ganamos todos porque cuando una persona ve canceladas sus deudas vuelve a circular en la economía y tendrá opción de volver a tener un proyecto empresarial o trabajar. Es volver a empezar”, señaló.

Sin embargo, “el proyecto de ley en trámite complica un poco más el tema de la exoneración del crédito público y el sentido del mecanismo”, advirtió Pavía.

Estas complicaciones que se plantean con este nuevo texto para la Segunda Oportunidad son especialmente relevantes y por ello desde la Abogacía se han puesto de relieve para que se tengan en cuenta durante la tramitación del mismo. Martí Batllori alertó de que “hay riesgo de que la Segunda Oportunidad quede en prácticamente nada, un mecanismo para unos pocos”, y prueba de ello es que “se han presentado 607 enmiendas, muchas de ellas coincidentes con los de la Abogacía en relación con estos riesgos”.

Uno de los peligros tiene que ver con la ampliación de las restricciones al acceso a la Segunda Oportunidad, como que los deudores no pueden haber tenido sanciones administrativas de los últimos 10 años o haberse declarado concurso culpable también en la última década. “Es injusta esta introducción porque la Segunda Oportunidad debe ser un mecanismo para recuperar personas de la economía sumergida para la vida civil normal, no hay solo que mirar para atrás y castigar a alguien por lo que pasó hace 9 años”.

Otro de los obstáculos son las restricciones a la exoneración al crédito público, cuando numerosos estudios demuestran que “se recauda más crédito público con la exoneración de las deudas para que las personas vuelvan a generar empleo y a tener cotizaciones”, señaló Batllori.

Finalmente, aludió a que el proyecto establece que la asistencia letrada no sea preceptiva en los procedimientos especiales, lo que supone “que el deudor quede desamparado” ante un proceso en el que debe presentar una solicitud de procedimiento judicial y que, “en función de cómo se haga, de si es correcta la información o si es exacta, se está jugando la culpabilidad y puede enfrentarse también a un procedimiento penal no por mala fe, sino solo por desconocimiento. Es un perjuicio absoluto para los deudores”, advirtió.

Para Batllori, es destacable el papel que está jugando la Abogacía institucional en la tramitación de este proyecto de Ley para resolver estos escollos, “porque creemos que debe tener una acción social y ser un actor relevante en el proceso legislativo, para estar al lado de las personas insolventes y acompañarlas en este proceso”, finalizó.