Madrid, 29 jun (EFE).- El antiguo comité de huelga de los letrados de la administración de Justicia ha urgido este jueves al Gobierno a tramitar los acuerdos de subida salarial y de sustituciones que firmaron ambas partes el pasado 28 de marzo, pues los consideran "en peligro de cumplimiento" a un mes de que expire el plazo estipulado.
Aunque los letrados han reconocido que el Gobierno no les ha dicho en ninguna de las comisiones de seguimiento del acuerdo que este no se vaya a cumplir antes del plazo previsto -finales de julio-, temen que su compromiso se demore más de lo pactado y no llegue "a buen puerto", han explicado en una rueda de prensa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.
Precisamente el próximo lunes letrados y representantes del Ministerio de Justicia mantendrán una nueva reunión de seguimiento del acuerdo, que contempla una subida salarial progresiva de entre 430 y 450 euros brutos mensuales en su complemento específico, que los funcionarios comenzarán a percibir con carácter retroactivo desde enero de 2023 en cuanto se publique el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Antes, el acuerdo de sustituciones tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros, y el de retribuciones, al que le dio luz verde por vía de urgencia el Gobierno, está pendiente de negociarse con los sindicatos en la mesa sectorial -un paso que, según los letrados, es prescindible- y en el Consejo de Estado.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), asociaciones firmantes del pacto, llegaron a estos acuerdos con los Ministerios de Hacienda y de Función Pública y de Justicia tras dos meses de huelga indefinida.
El portavoz de CNLAJ, Luis Toribio, ha reprochado al Gobierno que no les haya dado una "respuesta oficial" a lo que consideran una dilación indebida del trámite, que "comenzó muy bien" pero que empezó a "dilatarse a partir de finales de mayo".
Por ello, ha reclamado que en la comisión del lunes les expliquen la situación exacta en la que se encuentran los decretos y ha avisado a Justicia de que no puede "esperar que haya paz social si no cumple su acuerdo".
"El Consejo de Ministros se sigue reuniendo todos los martes, el Gobierno sigue trabajando", ha argumentado por su parte Xoan Xosé Yáñez, de la UPSJ, que ha restado importancia al adelanto electoral, ya que su pacto es "con el Gobierno de España" y no "con un Gobierno en concreto".
Tras la huelga de dos meses de los letrados, el departamento que dirige Pilar Llop ha enfrentado sucesivos conflictos: con jueces y fiscales, que amenazaron con hacer lo propio si no había mejora salarial también para ellos, y con funcionarios de la administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo para reclamar lo mismo.
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