El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han sido condenados por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Alicante a abonar 25.674,54 euros a un jubilado, quien tuvo que acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento del complemento por maternidad y una reparación económica por los daños sufridos.
La sentencia establece que el jubilado, padre de tres hijos, tenía derecho desde el 1 de marzo de 2016 a una revalorización del 10% de su pensión, derecho inicialmente denegado por el INSS. El fallo incluye 23.874,54 euros en atrasos y una indemnización de 1.800 euros, cifra establecida por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como del Tribunal Supremo, para compensar los perjuicios derivados de la negativa administrativa inicial.
Un paso más hacia la equidad en prestaciones sociales
Este caso pone de relieve la importancia de garantizar la igualdad de derechos en las prestaciones de la Seguridad Social. A pesar de la resolución favorable obtenida por el demandante, la sentencia subraya que el daño ya estaba hecho, al obligar al jubilado a emprender un proceso judicial para defender lo que, según la normativa vigente, le correspondía de manera automática.
Declaraciones de Cristina García, directora de Unive Abogados en Alicante
Cristina García, quien llevó la defensa del jubilado, valoró el fallo como "un recordatorio claro de que la justicia debe servir no solo para reconocer derechos, sino también para reparar los perjuicios derivados de la inacción administrativa". Según García, “este caso demuestra que no basta con cumplir tarde y mal; cuando las instituciones vulneran derechos fundamentales, deben asumir la responsabilidad y compensar los daños ocasionados".
La abogada también destacó el impacto que este tipo de resoluciones tienen para otros pensionistas: "Cada sentencia de este tipo refuerza el mensaje de que la discriminación, ya sea por género u otra circunstancia, no tiene cabida en nuestro sistema de prestaciones. Los ciudadanos tienen derecho a confiar en que su pensión refleja una distribución justa y equitativa".
