La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 22 de febrero de 2024 marcó el inicio de un cambio profundo para los empleados públicos temporales de larga duración en el sector público español. A esta, le siguió una segunda sentencia crucial el 13 de junio de 2024, que amplió las posibilidades de indemnización para aquellos afectados por el abuso de la temporalidad, incluyendo a quienes ya han obtenido una plaza fija en procesos selectivos.
Estas sentencias han abierto la puerta a que miles de empleados públicos vean regularizadas sus situaciones laborales, tras años de abuso por parte de las Administraciones, y reclamen indemnizaciones por los daños sufridos. Los tribunales nacionales están respondiendo de forma positiva y aplicando la jurisprudencia europea de manera consistente, consolidando derechos que antes habían sido ignorados.
Nuevas posibilidades de indemnización según la sentencia del 13 de junio
La sentencia del TJUE de 13 de junio de 2024 reconoce explícitamente que los empleados públicos que hayan sufrido contratos temporales en fraude, incluso si obtuvieron una plaza en procesos de estabilización o no se presentaron al proceso de estabilización, tienen derecho a una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, sin límite de mensualidades, considerando que la de 20 días por año trabajado con el límite de doce mensualidades no resulta suficientemente disuasoria. Esta decisión se opone al sistema actual en España, donde la indemnización solo se concede a aquellos que no superan los procesos de selección y establece límites poco efectivos para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.
Auto del Tribunal Supremo
Tras la sentencia del TJUE, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó un Auto admitiendo a trámite un recurso de casación interpuesto por una interina. Este Auto analizará si corresponde la equiparación de los funcionarios interinos a los fijos o, en su defecto, si deben recibir una indemnización. Este pronunciamiento resalta la necesidad de que los tribunales españoles adapten sus resoluciones a la reciente jurisprudencia europea, lo que podría suponer un cambio significativo en el tratamiento del abuso de la temporalidad en el sector público.
El respaldo de los tribunales
En todo el territorio español, los tribunales están respondiendo de forma positiva a las reclamaciones basadas en la sentencia del TJUE. Entre los casos más destacados, encontramos:
Sentencias de Éibar: El Juzgado de lo Social único de Éibar reconoció indemnizaciones en dos sentencias de 22 de abril y 7 mayo a empleados públicos que habían obtenido plaza fija en procesos de estabilización, a pesar de haber sufrido temporalidad abusiva. Las compensaciones oscilaron entre los 20.000€ y los 40.000€, dependiendo del tiempo transcurrido como temporales. En este mismo sentido, otras dos sentencias del mismo juzgado el 2 de julio también reconocía la indemnización.
Indemnizaciones en casos de recontratación: En Segovia, un juzgado reconoció la indemnización a un funcionario interino, a pesar de haber sido recontratado tras su cese, estableciendo así un precedente para futuros casos similares.
Compensaciones económicas y fijeza automática: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ido más allá, concediendo tanto la fijeza como una indemnización económica de 2.000€ a una trabajadora, aplicando directamente las directrices del TJUE.
Desde Unive Abogados, consideran que la sentencia del TJUE del 22 de febrero, junto con la de 13 de junio, y las decisiones recientes de los tribunales nacionales, como el Auto dictado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, están transformando el panorama jurídico respecto a la estabilidad laboral de los interinos y empleados temporales en el sector público.
El Auto del Tribunal Supremo, que revisa si procede la fijeza o la indemnización de los trabajadores interinos, refleja la creciente adopción de la doctrina europea por parte de los tribunales españoles. A nuestro juicio, este pronunciamiento refuerza la importancia de actuar con rapidez. Si bien los tribunales están respaldando cada vez más las reclamaciones de los empleados temporales, es probable que en el futuro se promulguen reformas legislativas que limiten los beneficios derivados de estas resoluciones. Por ello, consideramos esencial tomar medidas antes de que estas restricciones se materialicen.