Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se encuentra desbordado ante las necesidades de liquidación a trabajadores

Si bien es cierto que el fondo basa su existencia en las aportaciones de los trabajadores activos y las empresas, la disminución de sus fondos desde 2013 ha obligado a muchos trabajadores a sufrir retrasos de hasta dos años en el cobro de las cantidades máximas que el fondo permite para los despidos.

La lentitud en el cobro de la prestación viene dada según los abogados laborales a una serie de situaciones que van mas allá del mero trámite administrativo o la espera de la sentencia a favor del trabajdor despedido. El despacho de abogados laboralistas en Madrid Ius & Lex  ha denunciado públicamente que el retraso en el cobro de esta prestación no es solo un problema de la administración, sino que está poniendo al límite a muchos trabajadores para los que este dinero es la única indemnización real tras años prestando servicios en las empresas.

El Fondo de Garantía Salarial ha denunciado más de cien casos de fraude en el cobro 
Recientemente hemos conocido la denuncia de FOGASA contra más de cien trabajadores por el cobro fraudulento de la prestación. Dicha situación viene dada por la repetida acción fraudulenta de muchas empresas de ofrecer a los trabajadores la posibilidad de cobrar parte de su indemnización por despido en dos tramos. Un tramo vendría a ser abonado por la empresa y el tope máximo que permite nuestra legislación laboral vendría a ser abogado por FOGASA.

Este tipo de acuerdo son completamente fraudulentos y han llevado a la correspondiente inspección de los expedientes de más cinco mil personas en busca de posibles fraudes en cobro de la prestación.

No solamente hablamos de una falta de ética por parte del empresario al ofrecerle al trabajador un pacto completamente perjudicial para los intereses del trabajador, sino de un fraude que puede conllevar sanciones altísimas para ambas partes.

Ante dicha situación, muchos trabajadores despedidos han decidido iniciar acciones contra las empresas, sin saber que ellos son también parte de la actuación fraudulenta, lo que ha obligado a cientos de devoluciones de esta indemnización como consecuencia de ello.

Cada vez más retrasos en la entrega de la prestación y más inspecciones 
Esta situación ha pbligado a FOGASA a estudiar e inspeccionar miles de expedientes activos para evitar un fraude que no solamente afecta a los implicados sino también a los trabajadores que se encuentran a la espera de su cobro. Desde diversas asociaciones señalan que este nuevo proceso inspector no solo puede retrasar todavía más la salida de muchos expediente de trabajadores despedidos que no han hecho uso fraudulento de esta prestación, sino que también puede evitar la acción de muchos trabajadores en defensa de sus derechos.

Estos datos han sido recientemente reconocidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2015 en la que señala que los plazos a los que se está sometiendo a los trabajadores podrían vulnerar sus derechos fundamentales.

Desde la sentencia del supremo se obliga a FOGASA al abono de las cantidades debidas pasado el plazo de tres meses señalado por la ley.

Los abogados del Colegio de Abogados de Madrid señalan que será complicado obligar a un fondo como este a abonar las cuantías debidad por despidos si este no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a tanta reclamación.

Parece que nos enfrentamos a una nueva oleada de posibles impagos que ponen de nuevo en la pico a la parte más débil de la ecuación: el trabajador despedido.