Madrid, 23 may (EFE).- El Servicio de Inspección del CGPJ ha defendido la actuación de los juzgados y tribunales implicados en el caso de uno de los delincuentes más peligrosos de Países Bajos, Karim Bouyakhrichan, que se fugó después de que la Audiencia de Málaga lo dejara en libertad provisional en contra del fiscal.

Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Maffia, está en paradero desconocido sin que se haya ejecutado la entrega a Países Bajos, cuyas autoridades lo reclamaron a la Audiencia Nacional por tráfico de drogas.

El informe, encargado el pasado 9 de mayo a la Inspección del CGPJ por acuerdo del Pleno, analiza las decisiones adoptadas por los tres órganos judiciales implicados entre los meses de enero y mayo y concluye que no se han observado "disfunciones en la actuación y comunicación" entre ellos y que no hubo descoordinación.

Y, además, considera que la toma de decisiones fue diligente y cumplió en todo momento las normas procesales aplicables.

La Comisión Permanente ha elevado a Pleno el informe que afecta a la actuación del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

La Policía Nacional detuvo el pasado 10 de enero en Marbella (Málaga) a Karim Bouyakhrichan, uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, el crimen organizado de origen magrebí y radicado en Países Bajos que había extendido sus redes gracias a la conexión con varias organizaciones de narcotraficantes asentadas en España.

Desde entonces, una serie de recursos y de decisiones judiciales con varios juzgados y tribunales implicados ha terminado con su puesta en libertad, su fuga y una nueva orden de detención contra él.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella acordó su ingreso en prisión provisional al apreciar la existencia de riesgo de fuga, al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió una orden de detención europea (ODE) de Países Bajos.

Moreno preguntó a Marbella si tenía impedimentos para entregarlo y desde ese juzgado se le comunicó que sí, dado que tenía una causa abierta en España.

La defensa de Bouyakhrichan recurrió su ingreso en prisión y el 22 de febrero la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, como una fianza de 50.000 euros, la obligación de comparecer judicialmente cada quince días y la retirada del pasaporte, con la prohibición de salida del territorio nacional.

Lo hizo en contra del criterio del fiscal, que advirtió al tribunal de que el detenido estaba reclamado por Países Bajos y de que su fuga "entorpecería de forma muy grave la investigación judicial".

Para entonces, tampoco pesaba ya sobre él la orden de ingreso en prisión de la Audiencia Nacional, dado que la Fiscalía Antidroga, al estar preso por orden del juzgado de Marbella y para evitar que caducase la ODE -que tienen una vigencia limitada-, pidió a Moreno que decretase su libertad en ese procedimiento y el juez lo hizo.

De modo que el supuesto líder del crimen organizado quedó en libertad y durante más de un mes cumplió sus comparecencias judiciales en distintas ciudades, la última el pasado 1 de abril. El día 15 no consta que cumpliera con su obligación de firmar.