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Madrid, 12 nov (EFE).- Tres magistradas figuran entre las siete candidaturas que aspiran a las cuatro presidencias de Sala del Tribunal Supremo, cuyos nombramientos pueden estar condicionados a la aplicación de la ley de paridad, que según un informe de la Comisión de Igualdad del CGPJ debe distribuirse en dos hombres y dos mujeres.

El órgano de gobierno de los jueces informa que Ignacio Sancho es el único aspirante a la Sala de lo Civil; Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta se disputarán la Sala de lo Penal; Pablo Lucas y Pilar Teso la Sala de lo Contencioso Administrativo; y Juan Molins y Concepción Ureste la presidencia de la Sala de lo Social.

Precisamente hoy, la Comisión de Calificación, encargada de los nombramientos, ha tomado conocimiento de un informe de la Comisión de Igualdad que propone aplicar la ley de paridad al conjunto de las cuatro presidencias, por lo que deberían resultar elegidos dos hombres y dos mujeres para cumplir con la regla del 60-40.

Ahora bien, este estudio no guarda relación con el informe del Gabinete Técnico que fue encargado por la presidenta, Isabel Perelló, sobre cómo se debe cumplir con la regla de paridad en los nombramientos de la cúpula judicial, que aun está pendiente y que es posible que pueda elevarse este miércoles al Pleno.

Fuentes jurídicas explican a EFE que con el escenario que dibuja el estudio de Igualdad, la presidencia de lo Civil sería para el único candidato, por lo que quedarían tres presidencias, de las cuales dos deberían ser para magistradas.

Así las cosas, la clave reside en la elección para la Sala de lo Penal, la más determinante en el Supremo. El nombre de Arrieta genera consenso como reconocimiento a su carrera y por tratarse de una figura de prestigio, que está ya en sus últimos años de carrera.

Ahora bien, una de las bazas de Ferrer, quien recientemente aspiró a presidir el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, es que puede verse beneficiada por el hecho de ser mujer, aunque en su contra está que no cuenta con el visto bueno del bloque conservador.

Lo que ocurra en esta sala, si se sigue el criterio de la paridad, será determinante para el desenlace de los otros dos nombramientos, puesto que si sale Arrieta, las fuentes consideran que Teso y Ureste deberían ser nombradas para cumplir con la paridad.

No obstante, los conservadores consideran que la ley de paridad se debe cumplir en el Supremo de forma general, es decir, entre todos sus magistrados, por lo que es previsible que las negociaciones entre ambos bloques sean largas.

Por el momento, el Consejo ha avanzado que los aspirantes serán convocados próximamente para comparecer ante la Comisión de Calificación. 




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