El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido hoy a petición propia y de varios grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Senado, ante la que se ha comprometido a impulsar una reforma de la Justicia en la que la participación de las comunidades autónomas sea imprescindible, junto a la de todos los operadores jurídicos, de manera que se ponga así de manifiesto la voluntad de entendimiento del Gobierno que ya ha permitido materializar acuerdos como la exención del pago de tasas judiciales a determinados colectivos y trabajar por un Pacto de Estado para impulsar la lucha contra la violencia de género.
El titular de Justicia ha defendido una propuesta de consenso que va más allá de la tradicional concertación política, capaz de convocar otros acuerdos fundamentales que cuenten con participación institucional, profesional y social. También ha destacado la recién aprobada creación en el Congreso de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y eficiencia.
Catalá ha asegurado que los desafíos globales y los nuevos escenarios del proyecto europeo abren un tiempo nuevo para el mundo y para Europa. Como también España entra en una nueva etapa en la que se abordarán, entre otras, las prioridades de nuestra Justicia a través de una agenda de trabajo abierta a nuevas propuestas, la identificación de objetivos y la exploración de medidas que cualifiquen la Justicia española y la forma en que se presta.
Una Justicia más ágil
El ministro ha explicado que, como primera línea de trabajo, es preciso impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue al fiscal la dirección de la fase de investigación, en un proceso donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías. Esta nueva norma nos equipararía con el resto de Europa y nos proporcionaría una Justicia penal más ágil desde el punto de vista procesal, procedimental y operativo.
Además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la mejora en la ejecución de las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.
La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles para el ministro de Justicia que apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. En esa línea, se ha mostrado dispuesto a abordar reformas que apoyen ambas figuras para el fomento de la cultura del acuerdo frente al conflicto.
Una Justicia más dotada y mejor organizada
Catalá ha recordado que la demanda histórica de medios y recursos a disposición de la Justicia es inseparable de la eficacia y eficiencia en la organización de los recursos y de todo el sistema de Justicia. Por ello, el ministro ha defendido una apuesta por ‘el más y mejor’ en este ámbito, compartida con las comunidades autónomas con competencias transferidas que “han realizado un constante y enorme esfuerzo de racionalización y contención del gasto para atender las necesidades del sector durante los duros años de la crisis, en un ejercicio encomiable de solidaridad, lealtad institucional y corresponsabilidad”.
Con el objetivo de atender la reclamación unánime de todas las regiones a favor de una Justicia cercana al ciudadano, pegada al territorio, presente en los municipios y compatible con las ventajas organizativas de la concentración en determinadas materias especializadas, el ministro se ha comprometido a impulsar la convocatoria de nuevas plazas judiciales a través de la oferta de empleo público y a crear nuevos órganos judiciales donde sea necesario. También ha apostado por un modelo de gestión mejor organizado y por la implantación de una Oficina Judicial y Fiscal moderna, dotada y digitalizada, a la vez que ha destacado el impulso de un Plan de redistribución de cargas en los juzgados y una mayor especialización de los mismos.
La transformación digital de la Justicia
Rafael Catalá ha anunciado que su cartera ministerial apunta al objetivo de disponer al final de la legislatura de una Justicia completamente digital. Así, en la primera mitad de la legislatura todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio serán digitales. Asimismo, ha asumido el reto de implicar en esta estrategia a las comunidades autónomas con competencias transferidas, como Aragón, la Rioja, Asturias, Valencia o Galicia, con las que se trabaja para la implantación de esta solución en 2017.
El impulso de la Justicia 24 horas a través de nuevos servicios supondrá, según ha indicado el ministro, que en apenas 15 días, desde el 1 de enero de 2017, los ciudadanos puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones online desde cualquier juzgado del territorio Ministerio en la sede judicial electrónica, y que a lo largo del próximo año se ponga en marcha el punto general de acceso para el ciudadano. Estas ventajas prácticas se corresponden, ha explicado, con los modos de gestionar los servicios públicos del siglo XXI, vinculados estrechamente a la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la participación en el diseño y la prestación de estos servicios.
En relación al Registro Civil, Rafael Catalá ha adelantado que para el próximo mes de julio, y previa negociación en la mesa sectorial, estará en marcha un nuevo modelo de gestión que será presentado en la próxima Conferencia que el Ministerio celebre con las comunidades autónomas. El ministro ha garantizado que seguirá siendo público, gratuito, electrónico, seguro y eficaz y ha defendido que tanto su llevanza como su gestión sean 100% públicas.
Una Justicia que cree en sus profesionales
Catalá ha manifestado su disposición para impulsar una batería de medidas destinadas a promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto que sustituya al de 1981, apoyar el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y del personal auxiliar, fortalecer nuestro sistema de fe pública (notarios y registradores), mejorar las condiciones de trabajo de abogados, procuradores y graduados sociales, revisar el modelo de acceso actual a la abogacía y redoblar esfuerzos para garantizar una asistencia jurídica gratuita eficiente, real y cualificada.
El reto de una Justicia fuerte en su independencia y comprometida en la lucha contra la corrupción
Entre las medidas destacadas para mejorar la percepción social de la independencia judicial, Catalá incluye la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los grupos políticos. También apunta a la revisión del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales para, por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos a través de criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones y objetivando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso. Otra medida sería regular el tránsito profesional entre la Justicia y la política a través de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, Catalá propone como medidas prioritarias, limitar los aforamientos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección al denunciante de corrupción.
Una Justicia pensada e impartida para las personas
Aunque España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección de los colectivos más vulnerables, el ministro de Justicia propone ampliarla y cualificarla para perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género, el de protección de los menores y el de atención a las víctimas del delito, que se completaría con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, lo que convertiría a España en referente mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia. Facilitar el acceso a la Justicia es otra de las prioridades marcadas por Catalá, que ha aludido a la revisión del sistema de tasas judiciales para extender su exención a pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios, tal y como han aprobado ya todos los grupos en la Comisión de Justicia del Congreso.
Además, Catalá ha destacado la labor que realiza la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para que España y todos sus territorios sean referentes de tolerancia, respeto y convivencia en el complejo ámbito de la libertad religiosa; y la de la Agencia de Protección de Datos en su objetivo de adaptarse al nuevo marco europeo en esta materia.
El ministro de Justicia ha concluido su intervención aludiendo a “las potencialidades del Senado para canalizar, articular o perfeccionar la inmensa mayoría de las propuestas señaladas, ya que todas tienen un innegable impacto territorial y todas proponen un modelo de Justicia que sitúa al ciudadano en el epicentro de su acción”. También ha remitido a sus señorías al excelente espacio de debate y colaboración que es la Conferencia Sectorial y se ha comprometido a seguir apoyando desde la financiación, proyectos compartidos con las administraciones con competencias transferidas, como los convenios suscritos con todas las comunidades autónomas durante los dos últimos años y que han abierto líneas estatales de crédito por valor de 12 millones de euros para reformas tecnológicas y mejora de la Justicia.
No hay comentarios.