Durante los dos últimos meses, los aficionados al automovilismo hemos seguido las peripecias de las escuderías de fórmula 1 en la fase de pretemporada. A lo largo de numerosos entrenamientos, los ingenieros han ido ajustando las piezas de los motores, los nuevos chasis de los coches, los neumáticos…, hasta conseguir el adecuado funcionamiento del conjunto, de tal forma que, cuando comience la temporada oficial, los bólidos salgan disparados desde la parrilla de salida y corran como se espera de su categoría.

La pretemporada automovilística tiene los mismos fines que cualesquiera otras pretemporadas, sea cual sea la actividad que se desarrolle, ya que con ellas se pretende analizar las fuerzas con las que se cuenta, su adecuación para la futura competición, comenzar los entrenamientos para poner a punto física y psíquicamente a los competidores…, para conseguir que las competiciones se realicen con las mayores garantías posibles de éxito.

Es el sentido común el que aconseja la realización de esos períodos, y, aunque es en el ámbito deportivo en el que tienen más publicidad, cualquier actividad de nuestra vida debería tener un tiempo de pretemporada.

¡Ah!, menos en la Justicia. ¡No! En este mundo tan complejo, difícil y que afecta a los derechos y libertades fundamentales de las personas, utilizar el sentido común es impensable. ¿Pará qué una pretemporada, un entrenamiento o una preparación, debió pensar el Ministro de Justicia cuando el 27 de noviembre de 2015 firmó el Real Decreto que establecía la imposición del sistema Lexnet, sin disculpa ni prórroga posible, en la fecha cierta del 1 de enero de 2016?

Y “ni corto ni perezoso” (dicho popular), su responsable estampó su firma sin la más mínima duda, mientras que seguramente su rostro expresaba una mueca de satisfacción y orgullo y su corazón alcanzaba el centenar de palpitaciones: ¡para eso soy Ministro!

Han pasado menos de tres meses desde ese fatídico día para la Justicia, del 1 de enero de 2016. Y el sistema Lexnet hace aguas por todos sus poros informáticos. Todos los estamentos de la Justicia denuncian fallos, problemas, falta de medios, de información…, en fin, ¡un justiciero desastre!

El Consejo General de la Abogacía Española, en su reunión celebrada en Madrid el 17 de febrero de 2016, además de pedir medios a las distintas Comunidades Autónomas y de advertir falta de inversión y de formación, solicita  con firmeza que, hasta que el sistema funcione correctamente, se cumplan todas las garantías legales, proponiendo diversas medidas en ese sentido.

La Fiscal General del Estado, por medio de una carta remitida en los primeros días de marzo de 2016 al Gobierno en funciones, reprocha con mucha dureza el comportamiento del Ministerio de Justicia con respecto al sistema Lexnet, incluyendo un informe en el que critica que este sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad” y le pide que se replantee su mantenimiento y extensión, porque “en resumen, la excesiva lentitud del sistema, sus constantes caídas, la reiterativa petición de usuario y contraseña, las obligadas salidas del sistema para volver a reiniciarlo, el ingente volumen de notificaciones recibidas en asuntos en los que la Fiscalía no es parte, las pérdidas temporales de notificaciones recibidas, los avisos de rechazos de escritos de trámite dos días después de su remisión, la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida y la imposibilidad de haberse  familiarizado con el sistema entre otras”. Todo ello, añade, “está generando en las Fiscalías tal ineficiencia, inseguridad e incremento de la carga tanto administrativa como en el despacho de asuntos, que obliga a replantearse su mantenimiento y/o extensión a un orden jurisdiccional como el penal en el que por su trascendencia y volumen el impacto de su implementación resulta mucho más gravoso”.

Los Jueces de Madrid, Canarias…, abogados, procuradores… Todos han sufrido en sus carnes el despropósito Lexnet. Todos piden una moratoria, un freno en su puesta en marcha…

Sin embargo, el ministro Catalá, a pesar de reconocer que el sistema tiene problemas, que causa dificultades (sobre todo a mediodía, hora punta en los juzgados, – llega a decir – como si se tratara del tráfico, el metro o los aviones), se niega rotundamente a seguir las peticiones unánimes de todos los operadores jurídicos, y, “erre que erre” (otro dicho popular), manifiesta que se está trabajando en solucionar todo ello y que debe continuarse con el mismo “…sabiendo que tiene problemas”. Y en su visita a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid (por lo menos los problemas del sistema han servido para que la cúpula del ministerio visite los mismos por primera vez en los últimos 20 años, lo que demuestra el perfecto conocimiento que los burócratas políticos tienen de la realidad judicial), manifestó que “poco a poco” se van haciendo con la herramienta y que hoy "va la cosa mejor que a principios de año”, para reiterar a continuación que nada de moratoria en el mismo.

Enlazando con el principio de este comentario, imaginémonos que Catalá es el ingeniero jefe de Ferrari, que ha sido advertido por los pilotos y los mecánicos que el coche no va, que tiene problemas, que es preciso una revisión completa, que no ha habido rodaje previo a la competición, ni entrenamientos…, pero él, sabio, ordena que “para adelante”, y que en la primera carrera de Australia el coche se rompe, y como única respuesta dice que ya sabía que había problemas y dificultades, pero que poco a poco se solucionarán las averías… ¿Cuál sería la respuesta del patrón de la escudería y de los aficionados?

O pensemos que el entrenador del Real Madrid o Barcelona pasa de pretemporada y convoca a los jugadores una semana antes de comenzar la liga, y que estos al cabo de tres o cuatro jornadas se empiezan a lesionar y a romper…, ante lo que el técnico, seguro de sí mismo, publica  que no pasa nada, que sabía que había problemas, pero que poco a poco se irán solucionando y curando las lesiones… ¿Cuál sería la respuesta de los clubes y de los aficionados?

Pues exactamente eso es lo que ha hecho el ministro Catalá. ¿Qué tenemos que decirle y que debemos hacer nosotros los ciudadanos, cuando su “erre que erre” está poniendo en grave peligro nuestros derechos y libertades fundamentales? Para empezar…, “con la Justicia no se juega”.