La apertura del año judicial celebrada en el magnífico Salón de Plenos del Tribunal Supremo, un acto de indudable trascendencia institucional, ha sido el escenario en el que Isabel Perelló, nueva presidente del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Supremo, ha pronunciado un discurso tan contundente como revelador. Perelló, primera mujer en ocupar este alto cargo en la historia de España, no desaprovechó la oportunidad para realizar una firme defensa de la independencia judicial frente a cualquier injerencia por parte de los demás poderes del Estado. En un tono claro y sereno, su mensaje estuvo dirigido no solo a quienes ocupan cargos de responsabilidad política, sino también a la sociedad en su conjunto, subrayando que la justicia no debe someterse a intereses ajenos a la ley y que su independencia es un pilar inquebrantable del Estado de Derecho.

Este acto solemne, que contó con la presencia del rey Felipe VI y de las principales figuras del ámbito judicial y político, marcó un buen punto de partida en un año judicial cargado de desafíos y expectativas. La intervención de Perelló se destacó no solo por su claridad expositiva, sino por la precisión con la que abordó algunos de los temas más sensibles que enfrenta el Poder Judicial en estos momentos. Ante una audiencia compuesta por magistrados, fiscales, políticos y representantes del poder ejecutivo y legislativo, la presidente fue clara en su advertencia: ningún poder del Estado, por legítimo que sea su origen, puede influir o dictar a los jueces cómo deben interpretar y aplicar las leyes. Este recordatorio cobra especial relevancia en un momento histórico en el que las tensiones entre los poderes del Estado han sido objeto de constante debate en los foros públicos y mediáticos.

Perelló, consciente del peso institucional de su nuevo cargo, subrayó con firmeza la importancia de la independencia judicial, no solo como una prerrogativa de los jueces, sino como un mecanismo esencial para garantizar la imparcialidad y el correcto funcionamiento de la justicia. Sus palabras no son una mera reafirmación de principios abstractos, sino una llamada de atención sobre la necesidad de preservar la integridad del sistema judicial frente a las presiones externas. En este sentido, destacó que el nuevo Consejo General del Poder Judicial, recientemente renovado tras un prolongado periodo de bloqueo político, está preparado para afrontar los retos que se avecinan. Dichos retos, que son numerosos y de considerable complejidad, no se limitan únicamente a la gestión interna del órgano, sino que abarcan cuestiones de carácter estructural, relacionadas tanto con la eficiencia del sistema judicial como con la credibilidad y la confianza que los ciudadanos depositan en la justicia.

El discurso de Perelló también destacó por su reivindicación del papel de las mujeres en la judicatura. En una intervención cargada de simbolismo, recordó que fue necesario esperar hasta el siglo XXI para que las mujeres alcanzaran los más altos escalafones dentro del sistema judicial español. Sin embargo, hizo hincapié en que, pese a los avances logrados, el camino por recorrer es todavía largo, y las mujeres continúan siendo una minoría en los puestos de mayor responsabilidad dentro del Poder Judicial. Este reconocimiento, en un acto tan solemne y ante una audiencia predominantemente masculina, es una muestra de su compromiso con la igualdad de género y con la promoción del talento femenino dentro de las instituciones judiciales.

En su análisis sobre la independencia judicial, Perelló enfatizó uno de los principios más importantes recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial: la prohibición expresa de que los jueces reciban instrucciones de cualquier otro poder, incluidos los propios órganos de gobierno judicial, acerca de cómo deben aplicar o interpretar el ordenamiento jurídico. Este principio, que se configura como uno de los pilares fundamentales del sistema judicial español, asegura que los jueces puedan ejercer su labor con total autonomía, libres de presiones políticas o administrativas. Es, en esencia, una salvaguarda para la ciudadanía, que puede tener la certeza de que sus derechos serán protegidos por un poder judicial imparcial y ajeno a cualquier tipo de subordinación.

Este aspecto de la independencia judicial tiene, además, implicaciones muy concretas en el día a día de la judicatura. Perelló fue clara al señalar que no solo es inaceptable que los jueces reciban directrices sobre cómo deben interpretar la ley, sino que tampoco puede permitirse que sus decisiones sean objeto de descalificaciones o insultos por parte de otros poderes o de la opinión pública. Si bien reconoció que las resoluciones judiciales son, por su propia naturaleza, susceptibles de crítica, subrayó que dichas críticas deben hacerse dentro de los márgenes del respeto y de la argumentación racional. Este es un punto clave, dado que en los últimos tiempos se ha observado un aumento de los ataques a decisiones judiciales, especialmente en el ámbito político, donde algunos sectores no han dudado en cuestionar la legitimidad de los jueces cuando sus sentencias no han sido favorables a sus intereses. En este sentido, Perelló hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y a la necesidad de que las discrepancias se expresen de manera constructiva y respetuosa, sin recurrir a la descalificación o el insulto.

La presidente también aprovechó su intervención para poner de relieve la situación delicada que atraviesa el Tribunal Supremo, agravada por la falta de cobertura en numerosas vacantes de magistrados. Este problema, que ha generado un considerable retraso en la resolución de los casos y ha aumentado la carga de trabajo de los jueces que permanecen en activo, es uno de los retos más urgentes que el nuevo Consejo General del Poder Judicial deberá abordar en los próximos meses. A pesar de estas dificultades, Perelló elogió la dedicación y el esfuerzo de sus compañeros en el Supremo, quienes han continuado trabajando con gran profesionalidad para evitar que la crisis institucional tenga un impacto negativo en los ciudadanos. En este sentido, destacó la dignidad y la excelencia con la que los magistrados han desempeñado sus funciones, incluso en circunstancias especialmente difíciles, como las vividas durante el juicio del 'Procés', uno de los casos más mediáticos y controvertidos de los últimos años.

La crisis de vacantes en el Tribunal Supremo no es un asunto menor. Como bien señaló Perelló, el volumen de asuntos que llegan a los tribunales sigue creciendo de manera imparable, y la falta de magistrados está poniendo en riesgo la capacidad del sistema judicial para garantizar una tutela efectiva y en tiempos razonables. Este es, sin duda, uno de los principales desafíos que deberá afrontar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, cuyo éxito dependerá en gran medida de su capacidad para gestionar con rigor y transparencia los nombramientos de nuevos jueces. La presidente fue clara al respecto: la cobertura de las vacantes debe hacerse respetando escrupulosamente los principios de mérito y capacidad, sin concesiones a intereses políticos o presiones externas. Este es un punto crucial para garantizar que el sistema judicial continúe siendo una institución sólida, capaz de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos.

Por último, Perelló hizo un llamado a la unidad entre los diferentes operadores jurídicos y a la colaboración entre los distintos poderes del Estado. En un momento en el que la justicia se enfrenta a una serie de retos complejos, que van desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta la modernización de la estructura judicial, la presidente subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta para asegurar que los ciudadanos puedan seguir confiando en el sistema judicial como un garante de sus derechos. Su discurso, que fue bien recibido por los presentes, dejó claro que el nuevo Consejo General del Poder Judicial está preparado para asumir la responsabilidad que se le ha encomendado y que trabajará incansablemente para mejorar la eficiencia y la credibilidad del sistema judicial.

En definitiva, la intervención de Isabel Perelló en la apertura del año judicial fue mucho más que un simple acto protocolario. Fue una declaración de principios y una defensa firme de la independencia judicial, en un momento en el que esta se enfrenta a numerosos desafíos. Perelló demostró no solo estar preparada para el cargo, sino también tener una visión clara de los problemas que afectan a la Administración de Justicia y de las soluciones que deben implementarse para garantizar su buen funcionamiento en el futuro.