“Estamos ante un hito histórico: Jueces y Abogados se unen en pro de la mejora de la Administración de Justicia en nuestro país. Esta situación no se ha generado antes quizás por desconocimiento mutuo entre ambos colectivos”, son palabras de Manuel Almenar, presidente de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, una de las partes firmantes del acuerdo que impulsa Espacio de Justicia, iniciativa en la que CGAE y las cuatro asociaciones judiciales lideran para presentar propuestas que ayuden a mejorar la situación de nuestra justicia.
“La idea es que el resto de colectivos jurídicos, en la medida que quieran colabora, se adhieran a esta idea y participen de los cuatro grupos de trabajo que se han puesto en marcha”, señala este magistrado, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra y exvocal del CGPJ en la anterior legislatura a Lesmes. Con este estudioso de la demarcación y planta judicial, no en vano realizó un estudio a fondo en la legislatura pasada sobre esta cuestión, hemos analizado el momento actual en el que llega este acuerdo entre ambos colectivos profesionales.
La justicia es cosa de todos
“Jueces y abogados tenemos anhelos comunes de que la justicia cambie y sea el servicio público que demandan los profesionales jurídicos y merecen los ciudadanos”, comenta nuestro interlocutor cuando ahondamos en ese acuerdo suscrito entre CGAE y las cuatro asociaciones judiciales que existen en la carrera judicial. Ambos colectivos son agentes principales en esa estructura judicial, cuestionada por su falta de medios y agotamiento en muchos de los casos “creo que somos los primeros interesados en que la justicia cambie de forma radical, sea más ágil, eficaz y de mayor calidad que la existente”. Hasta ahora reconoce que ambos colectivos han trabajado de forma unilateral, sin excesivo contacto y que ha llegado el momento de “ver lo que nos une y trabajar conjuntamente en beneficio del propio ciudadano y sus derechos que es realmente lo que importa”.
Para Almenar, jurista que siempre ha defendido las sinergias en diferentes ámbitos cree que esta colaboración estable que se pone en marcha en este Espacio de Justicia es un elemento que ayudará a conseguir antes los ambiciosos objetivos propuestos. “Hay que darse cuenta que la justicia es cosa de todos, las soluciones sectoriales o parciales no son siempre lo que se necesita en cada momento”, subraya. Desde su punto de vista el acercamiento existente entre las cuatro asociaciones judiciales en estos últimos meses ha propiciado ese encuentro con la abogacía que quizás hace meses podría ser impensable. “Todos estamos de acuerdo en que la justicia no debe depender de los devenires políticos. Debe convertirse en el servicio público que todos reivindicamos sin estar atada su supervivencia al Gobierno de Turno. Para ello es fundamental encontrar puntos de encuentro entre todos los que participamos en el día a día de la administración de justicia”, recalca.
Desde su punto de vista “hay que poner el acento en todo lo que nos une entre jueces y abogados y no en aquello que nos hace diferentes”, explica. Sobre la vinculación al CGPJ, órgano de gestión de la carrera judicial de los más de 5300 magistrados que dictan sentencias en nuestro país, no queda claro aún si formará parte de este colectivo reivindicativo. “El CGPJ tiene el papel que la Constitución de 1978 le atribuye: garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, asumir las competencias en aquellas materias que pudieran repercutir en dicha independencia judicial”, aclara. Los grupos de trabajo, cuatro, que ya se han puesto en marcha, pretenden trabajar la problemática actual desde diferentes perspectivas de nuestra administración de justicia, para luego buscar posibles soluciones a esas cuestiones que preocupan a estos juristas. “Este convenio firmado entre CGAE y asociaciones judiciales está abierto a todo el mundo y aún no hemos concretado cuál será el papel tanto del CGPJ como de otros operadores jurídicos a corto y medio plazo”. Ahora, es el momento de designar los miembros correspondientes a cada grupo de trabajo que ya se ha puesto en marcha en estos últimos días. “A medio plazo la idea es que los documentos que genere cada grupo, en forma de propuesta, pueda ser presentado al próximo Gobierno que se constituya, por una u otra vía, en nuestro país”.
Abrir la justicia a las aportaciones de todos
En opinión de Manuel Almenar no estamos ante el lobby clásico que se crea para ejercer presión e influencia en opinión pública y Gobierno “Ese no es el espíritu. La idea principal es la de abrir la justicia a todos los interlocutores jurídicos, políticos y sociales. Los representantes políticos deben diagnosticar los problemas de la justicia y buscar soluciones pero los propios operadores jurídicos, que conocemos el día a día de los juzgados, podemos ayudar bastante en este contexto”, advierte nuestro interlocutor. A su juicio, “la justicia como valor superior nos afecta a todos y no puede construirse desde una única perspectiva. Hay que buscar el consenso y recuperar las propuestas que han circulado en los últimos meses sobre el Pacto de Estado por la Justicia o similares iniciativas”. El reto está ahí, crear un modelo de administración de Justicia que garantice la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, pero que de otro lado siente las bases para los próximos cincuenta años. “No debe depender de los cambios de gobierno que se producen cada cuatro años”:
Los trabajos que se ponen ya en marcha en este Espacio de Justicia cuestionarán y estudiarán si el modelo actual de Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA es el que hay que seguir apostando en los próximos años. “Hay que analizar este régimen competencial para ver si realmente es viable. Creemos que este modelo actual solo puede funcionar si hay una relación muy fluida entre los tres interlocutores que usted citaba”, apunta Almenar. Y añade que “la justicia es como un reloj, si se produce un fallo en alguna de sus piezas luego repercute en el resultado final que se espera. “ Hablamos de resultado final el garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, cuestión que nos sitúa en los derechos fundamentales”, aclara. Para este magistrado, que en su etapa de vocal del CGPJ preparó un estudio muy controvertido, por la novedad que suponía los cambios en los partidos judiciales, cree que “hay que construir el modelo de administración de justicia desde los cimientos y no desde el tejado. Son necesarias más plazas, pero antes de todo habrá que ver si mantenemos el modelo actual de juez unipersonal o vamos a los tribunales de instancia colegiados”; resalta.
Y es que lo primero que hay que hacer y que harán estos juristas en Espacio de Justicia es ver qué modelo requiere nuestra administración de justicia. Ese será uno de los objetivos del grupo de trabajo de carácter organizativo que ya se ha puesto en marcha: “Desde esta perspectiva habrá que ver las inversiones que se hagan, muchas de ellas es posible que salgan de cada legislatura, de ahí de la necesidad de un consenso global entre todas las partes implicadas”; resalta Almenar. A priori, y viendo los trabajos hechos por Caamaño (PSOE) y Gallardón, luego sustituido por Catalá (PP), el modelo que se baraja tiene que ver con estos tribunales de instancia “se estructurarían por órdenes jurisdiccionales y dentro de cada orden por secciones. A esos tribunales les prestaría servicio unidades de apoyo directo. Este es un modelo que optimiza y racionaliza los recursos y busca resolver el problema allá donde produce”, recuerda. En su opinión, el modelo tradicional de juez con funcionarios tiene un impacto económico claro y en un momento como el actual plantea más problemas que beneficios.
Reformas más duraderas en el tiempo
Sobre otro de los grupos, éste que analizará las reformas procesales y leyes sustantivas, Almenar opina al igual que muchos juristas que “reformas y normas deben ser estables en el tiempo y no estar sujetas a tantos vaivenes. Las procesales son las reglas del juego en la justicia y no pueden cambiar tanto. Se trata de reflexionar sobre lo que haya que cambiar con un espíritu de permanencia para dar a todos seguridad jurídica”, indica. Es evidente que en este grupo de trabajo uno de los temas que se debatirá será la LECrim y si necesita otro cambio para que la investigación la lleve el fiscal. “No se ha concretado nada al respecto. Las propuesta surgirán de cada grupo de trabajo como antes le comentaba”, indica nuestro interlocutor. Y es que en este Espacio de Justicia que se ha puesto en marcha lo que se quiere es buscar soluciones a los problemas comunes con los que se encuentran abogados y magistrados donde la administración de Justicia tenga que mejorar.
A medio plazo, para este magistrado la puesta en marcha de esta iniciativa que aúna los trabajos de jueces y abogados puede repercutir en la mejora de relaciones profesionales entre ambos colectivos. Unas relaciones que han pasado por diferentes etapas aunque siempre los letrados se han quejado en muchas ocasiones del autoritarismo de los jueces. “Cuando nos conozcamos más en profundidad, al igual que pasa en otros órdenes de la vida, es posible que se genere una empatía entre ambos colectivos. Uno tiende a colocarse en la posición del otro y entender el porqué de su actuación. En esta tesitura, resolver las posibles fricciones que surjan será más sencillo”, subraya. Sobre la gestión del Ministro Catalá nos ofrece su opinión personal al respecto “es otro talante abierto y dialogante al del ex Ministro Gallardón, lo que se agradece. Creo que aún es pronto para valorar muchas de las reformas que puso en marcha. Con más tiempo veremos si estuvo acertado o no “; resalta.
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