La negociación entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entra este lunes en su semana crucial con buena disposición por ambas partes, y el acuerdo podría estar cerca después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara junio como el mes para cerrar un pacto definitivo.

Aunque no hay fecha para un reunión entre los negociadores del Gobierno y del PP, Félix Bolaños y Esteban González Pons, respectivamente, con la mediación de la Comisión Europea, tanto populares como socialistas se muestran dispuestos al pacto y el PSOE no descarta que pueda hacerse realidad en "pocos días".

Fuentes de la dirección socialista han reiterado ese mensaje de optimismo y confían incluso en que no se agote el plazo del mes de junio planteado por Sánchez.

Su portavoz, Esther Peña, ha apelado a mantener la discreción, como así se ha producido con los contactos de los últimos días y horas al tiempo que ha confiado en que la renovación del CGPJ "sea un hecho" y la normalidad en el Poder Judicial "dentro de unos días sea una realidad".

"Más pronto que tarde", ha recalcado Peña tras la reunión de la Ejecutiva Federal socialista mientras el portavoz del PP, Borja Sémper, ha coincidido al término de la reunión del Comité de Dirección de su partido que los populares siguen con "buena voluntad".

No obstante, Sémper ha dejado claro que el requisito fundamental es que los jueces elijan a los jueces para garantizar la independencia del Poder Judicial: "Y esta es una posición de la que no nos vamos a bajar", ha dicho a modo de aviso.

La renovación de otros órganos institucionales

Tanto PSOE como PP han desvinculado la negociación del CGPJ a la renovación de otros órganos institucionales y la portavoz del PSOE ha subrayado que por ahora lo que se está intentando cerrar es el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.

Y es que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también ve cerca un pacto porque "estamos en plazo" y "nos tenemos que dar esa posibilidad", ha dicho que el marco negociador podría incluir la renovación de otras instituciones económicas.

Cuerpo, en una entrevista en la SER, ha señalado la necesidad de que se cree un marco negociador, de "confianza y respeto a las instituciones", para renovar los diferentes organismos económicos o judiciales que están pendientes, como la dirección del Banco de España, de la CNMC o de la CNMV.

Otras voces socialistas, como el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cree que sería antidemocrático que solo los jueces elijan a los jueces que integran el CGPJ ya que supone "hurtar" a la soberanía popular su derecho y potestad.

"¿Entenderíamos igual de bien si dijéramos que los funcionarios elijan al Gobierno de España o los letrados del Congreso eligiesen a los diputados, hurtándoles al pueblo español dicha potestad? No lo permitiríamos", ha apuntado en un curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Vox da por hecho que habrá acuerdo del "bipartidismo" en los próximos días y su portavoz José Antonio Fúster cree que también puede extenderse a esas instituciones económicas o incluso a la Corporación de RTVE.

"Ojalá el PP entre en razón y adopte una posición clara en contra de la politización de la justicia", ha puntualizado tras insistir en que los jueces deben elegir a los jueces.

Por su parte, Sumar, el socio del gobierno de coalición, ha señalado dentro de la "prudencia" que "no se fían del PP" y han avisado de que se debe modificar la ley que aprueba las mayorías para renovar el Poder Judicial. Podemos se ha vuelto a mostrar en contra de pactar con el PP porque supondría legitimar el "lawfare".

Hace tan solo una semana, Gobierno y PP negaban avances sobre el CGPJ, aunque el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a volver a intentarlo "si el Gobierno no quiere romperlo como lo rompió la otra vez".

De momento Sánchez ha advertido de que si en junio no se lograba el acuerdo se impulsará una reforma que podría afectar al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, aunque ha garantizado que sería respetuosa con la independencia judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea.