En los últimos días es patente en distintas comunidades autónomas un incuestionable incremento del número de contagios y de hospitalizaciones por el Covid-19. Esto ha provocado que varios ejecutivos autonómicos estén reclamando al Gobierno la cobertura legal precisa para llevar a cabo un aumento en las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos.
Aunque las medidas implantadas actualmente son muy variadas en función del territorio y de su situación epidemiológica, en algunos territorios se alude incluso al confinamiento domiciliario, reproduciendo de alguna forma la situación sucedida durante la pasada primavera.
Ante el riesgo de que, por un eventual empeoramiento de la situación actual, se puedan tomar nuevas decisiones limitativas de los derechos y de la prestación de los servicios públicos, el Consejo General de la Abogacía Española quiere hacer públicas las siguientes consideraciones:
- La Justicia es un servicio esencial para la ciudadanía, así recogido en la Constitución y como tal debe ser considerado a efectos de su prestación al conjunto de la ciudadanía.
- El conocimiento sobre la transmisión del virus y de las medidas necesarias para evitar su contagio ha avanzado sustancialmente con relación a la situación de hace seis meses, así como la preparación de los juzgados y tribunales para garantizar todas las medidas de prevención.
- A la luz de las graves consecuencias que el cierre de juzgados y tribunales tuvo la pasada primavera, el conjunto de la Abogacía considera que la Justicia no puede cerrar sus puertas de nuevo reproduciendo la situación vivida durante el primer periodo del estado de alarma.
En base a lo expuesto, la Abogacía Española entiende que son el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas quienes deben garantizar las condiciones necesarias para que la Justicia pueda seguir prestándose como servicio esencial que es, ofreciendo plenas garantías de seguridad a cuantos prestamos nuestros servicios en el ámbito de la Administración de Justicia.
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