La Comisión Europea ha publicado la duodécima edición del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE, revelando datos comparativos sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros.

Esta edición contiene un conjunto de nuevos indicadores. Entre ellos se incluyen estadísticas sobre la accesibilidad a la justicia de los niños en los procedimientos civiles y penales; los notarios y sus competencias en los procedimientos de sucesión; y los salarios del personal judicial y fiscal experto. La edición 2024 también incluye una visión general de las autoridades implicadas en el nombramiento de presidentes de tribunales y fiscales, así como información actualizada sobre la composición de los consejos nacionales del poder judicial y una visión general de las competencias de los organismos nacionales implicados en la prevención de la corrupción, con especial atención a la divulgación de activos. Estos nuevos indicadores, junto con los datos recogidos anualmente, mejoran nuestra comprensión del panorama judicial en toda la UE.

En cuanto a la eficiencia, la mayoría de los casos civiles, mercantiles y administrativos en España han experimentado empeoramiento con respecto al año anterior, aunque sigue estando por encima de los datos de 2020 que, debido a la pandemia de COVID-19, sufrió una gran desmejora. Además, el tiempo de resolución de casos mercantiles y civiles en primera instancia continúa siendo más alto que en 2012, lo que indica áreas en las que aún se puede mejorar.

En el ámbito administrativo, también se observa una mejora en la eficiencia en comparación con 2020 y 2012, aunque sigue siendo inferior a los niveles de 2021. La tasa de resolución en 2022 no llega a alcanzar el 100%, cosa que se consiguió en 2021.

“España, cuarta en acceso a la concesión de asistencia jurídica gratuita”

España sobresale por el baremo de accesibilidad para la provisión de asistencia jurídica gratuita, sin embargo, el año anterior se posicionaba en el segundo país en garantizar dicho acceso, por lo que ha bajado dos puestos. El umbral para acceder a la justicia gratuita se establece en el 40% (caso específico de consumo) sobre el umbral de pobreza de Eurostat, lo que garantiza que las personas por debajo de este umbral puedan recibir apoyo legal sin costos financieros adicionales, estando por encima de la media europea.

El informe coloca a España como el tercer país con la indemnización más baja para los abogados de oficio en casos penales, tan solo por detrás de Chipre y Lituania.

Por ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española, reunido de manera extraordinaria y con carácter de urgencia, ha señalado que es “absolutamente urgente e inaplazable” actualizar los baremos, incluir actuaciones que actualmente no están remuneradas y poner fin a los “insostenibles” retrasos en los pagos.

España también ha implementado medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para personas en riesgo de discriminación y personas mayores. Además, se encuentra entre los países que han desarrollado un paquete integral de medidas específicas para una justicia y un procedimiento adaptados a los niños.

La percepción de independencia por parte de los ciudadanos es realmente negativa, con cerca del 60% calificándola como “bastante mala” o “muy mala”. La interferencia política y económica en el sistema judicial son las principales preocupaciones expresadas por los ciudadanos.

Sin embargo, en lo relativo a la independencia de los Colegios de la Abogacía y de los abogados, España se encuentra entre los países que cumplen con todas las medidas mencionadas, y en cuanto a número de abogados, es el sexto país por abogados por habitante (algo por detrás de Italia y Portugal) siendo primeros Luxemburgo y Chipre de forma destacada.

 

Puede encontrar el informe completo aquí.