En el marco del Foro Justicia celebrado hoy en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, que ha tenido como ponente a la fiscal general del Estado, el decano José María Alonso ha reivindicado la unión entre abogados y fiscales para garantizar la seguridad jurídica y el orden constitucional y defender de manera conjunta las instituciones frente a cualquier injerencia que ponga en peligro el funcionamiento del Estado de Derecho. “Aunque los fiscales y los abogados estamos enfrentados en el ejercicio de nuestra profesión, siempre estaremos unidos en la defensa del Estado de Derecho”, ha manifestado el decano madrileño.
Tras agradecer a Dolores Delgado su presencia en el Foro jurídico del ICAM en unos tiempos “especialmente complicados”, Alonso ha querido poner en valor la capacidad de colaboración que han mantenido en todo momento ambos operadores jurídicos y la necesidad de aunar sus esfuerzos en defensa de la Constitución y las principales instituciones del Estado. “Abogados y fiscales estamos normalmente en posiciones enfrentados en sala, pero cuando estamos ante problemas que afectan a la percepción que se tiene de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, fiscalía y abogacía tenemos que ir absolutamente de la mano”, ha señalado.
Porque, según ha explicado el decano, la situación preocupante que vivimos está poniendo en peligro la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. “Aunque tenemos unos fuertes cimientos constitucionales, las continuas peleas entre los diferentes partidos políticos, la falta de consenso en la reforma del poder judicial, las pugnas entre Comunidad de Madrid y Gobierno central, los ataques a la corona o las crecientes amenazas a jueces durante el ejercicio de su profesión, están generando una inestabilidad que no solo es negativa en nuestro entorno, sino que generan una desconfianza en la imagen de nuestro país en el extranjero”, ha declarado Alonso.
Frente al fracaso de la clase política a la hora de llegar a un acuerdo, Alonso ha reivindicado las relaciones entre abogados y fiscales como un ejemplo de colaboración, entendimiento y dialogo, una práctica que la ciudadanía está reclamando a los responsables políticos para poner fin al bloqueo institucional.
Reforma del Poder Judicial
Y respecto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el decano se ha pronunciado a favor de mantener las reglas del juego: “no me gusta que se salte este modus operandi, me gustaría que se sentaran a dialogar y siguieran el sistema que está establecido”.
Sobre este asunto, Dolores Delgado ha afirmado que “todos los sistemas que aporten autonomía, transparencia e independencia son buenos”, si bien es necesario escuchar a todos los operadores jurídicos y actuar desde el consenso y el acuerdo. “Es importante que nos soseguemos y adoptemos las decisiones que redunden en beneficio del servicio público y de la ciudadanía”, ha recalcado.
En su intervención, la fiscal general del Estado ha calificado de “inadmisibles” las amenazas recibidas por los operadores jurídicos en el ejercicio de sus funciones: “somos funcionarios públicos, no podemos ser objeto de amenaza bajo ningún concepto”. Con independencia del acierto y respetando los límites de la libertad de expresión, la fiscal general del Estado ha rechazado cualquier amenaza o insulto que perturbe “el sosiego y la independencia personal que los operadores jurídicos necesitamos para ser certeros en nuestras decisiones”.
Delgado también ha tenido palabras de reconocimiento al papel de la abogacía durante la crisis del coronavirus como “un colectivo troncal para mantener el servicio público de la Administración de Justicia”.
Principio de legalidad
Por su parte, el decano madrileño se ha referido al papel de la Fiscalía General del Estado en el funcionamiento de la Justicia y, en particular, a su función de velar por el principio de legalidad y cuidar al mismo tiempo por la efectiva independencia de los jueces y magistrados. Y es en ese ámbito donde Alonso ofrece todo el apoyo y colaboración del madrileño Colegio de Abogados para el cumplimiento de sus tareas como principal defensora del principio de legalidad, siempre velando por la ley y la jurisdicción y no acorde a la voluntad de las personas.
En otro orden de cosas, Alonso ha destacado la importancia de agilizar y mejorar la coordinación del protocolo de conformidades, puesto que la Fiscalía y el Colegio comparten la necesidad de potenciar al máximo el sistema instaurado. “Me refiero precisamente al contacto entre abogados y fiscales a los efectos de lograr la conformidad del proceso penal”, ha subrayado.
Asimismo, el decano madrileño ha solicitado la participación activa de la fiscalía en el acceso de los abogados a los atestados, “porque una de las funciones del Ministerio Fiscal es proteger y velar por el principio de legalidad”, y ha pedido su apoyo para impulsar conjuntamente la justicia restaurativa.
Alonso también ha aprovechado para agradecer la buena relación existente entre el Colegio de Abogados de Madrid, la Fiscalía Superior de Madrid y la Fiscalía Provincial de Madrid, instituciones que han de estar unidas para la consecución de objetivos comunes como la implementación efectiva de las asistencias telemáticas a los detenidos, la ordenación de los traslados de los detenidos desde las prisiones a los juzgados, la desconexión de Lexnet para permitir el descanso de los profesionales de la abogacía, o la utilización de los medios telemáticos de forma homogénea por los jueces. Además, el decano ha pedido el apoyo del Ministerio Fiscal para que salga adelante la ley del Derecho de Defensa.
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