El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado dos acuerdos por los que autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Respecto al primero de estos acuerdos, se destinan más de 36 millones de euros a la adquisición del necesario equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ). El equipamiento se estructura en tres bloques diferentes como son la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de backup.
El nuevo equipo resulta imprescindible para afrontar la transformación digital de la Justicia ya que los avances en la misma, especialmente con la implantación y generalización de la solución Justicia Digital, han supuesto un gran crecimiento en el volumen de datos. Esto exige incrementar los recursos, dotando a la SGNTJ de una infraestructura más robusta. La mayor parte irá a parar al ámbito general de la Administración de Justicia, con una inversión de 32,6 millones de euros.
Los bienes objeto de este contrato cuya entrega no debe ser superior a dos meses, han sido declarados de contratación centralizada. Eso implica que para su adquisición solo es necesaria la selección especificada y justificada de los mismos. En este caso, se ha propuesto para su adquisición a la empresa Hewlett-Packard Servicios España S.L. por tratarse de la única que dispone de las referencias necesarias en su catálogo.
Por otra parte, el segundo de los acuerdos autorizados supone una inversión de 19,1 millones de euros para la contratación mediante procedimiento de licitación abierto, de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas. Este contrato, que incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software, tiene una duración de un año prorrogable durante un máximo de 9 meses. La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas.
La SGNTJ depende de la Secretaría de Estado de Justicia y desempeña un papel relevante en el proceso de modernización de la Administración de Justicia ya que ostenta las competencias relativas al suministro y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para desarrollar los proyectos tecnológicos diseñados para llevar a cabo la transformación del sistema de Justicia, dotándolo de mayor agilidad y eficacia.
Ambos contratos se enmarcan en las actuaciones precisas para avanzar en el proceso de transformación digital de la Justicia. Inciden en la mejora de los servicios tecnológicos que se prestan a la Administración de Justicia en un contexto de disponibilidad absoluta durante las 24 horas de todos los días del año, con todas las garantías, requisitos tecnológicos y rendimiento necesarios.
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LAS CCAA
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado también un acuerdo por el que se formalizan los criterios de reparto y distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, destinado a la modernización tecnológica y a la preparación de sus respectivas infraestructuras para mejorar las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal común.
La distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo, para lo que se ha contado con indicadores como la población de derecho de cada comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual, se acordaron en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio, quedando según se indica en el siguiente cuadro:
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | CANTIDAD ASIGNADA SEGÚN POBLACIÓN, LITIGIOSIDAD, PLANTA | |
| Andalucía | 22,9% | 1.373.650,50 |
| Aragón | 3,3% | 195.284,82 |
| Principado de Asturias | 3,0% | 178.691,00 |
| Canarias | 6,2% | 374.216,00 |
| Cantabria | 1,6% | 95.866,00 |
| Cataluña | 18,7% | 1.120.021,00 |
| Comunidad Valenciana | 12,9% | 774.943,00 |
| Galicia | 7,3% | 439.135,00 |
| La Rioja | 0,8% | 45.029,00 |
| Comunidad de Madrid | 16,9% | 1.011.461,00 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,5% | 90.006,00 |
| País Vasco | 5,0% | 299.958,00 |
| Total | 100% | 5.998.261,32 |
El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes, resultando muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.
El Ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. El nuevo sistema sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, se habilitará la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.
Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia
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