• Catalá aborda con el Consejo General de la Abogacía Española los próximos proyectos normativos
• Primera ronda de contactos al comienzo de la legislatura
• Posición coincidente en la necesidad de agilizar la tramitación y abono del servicio de asistencia jurídica gratuita y de introducir mejoras en el examen de acceso a la abogacía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido el lunes 6 de febrero con la presidenta, Victoria Ortega, y otros representantes del Consejo General de la Abogacía Española para abordar diferentes cuestiones del ámbito profesional de este colectivo y analizar los retos de futuro de la Justicia para promover desde la escucha y el diálogo las reformas que contribuyan a la mejora de este servicio público.

Sobre la mesa han estado las principales iniciativas y proyectos normativos del Ministerio de Justicia para esta legislatura, como la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que mejorará los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará al fiscal la dirección de la fase de investigación. El ministro ha recalcado que ambas materias se abordarán en los trabajos de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia que se creó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Justicia gratuita y turno de oficio

Sobre el servicio de asistencia jurídica gratuita, se ha abordado la reciente respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta sobre la aplicación del IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio. El Ministerio de Justicia sigue buscando una solución con el Ministerio de Hacienda que haga neutro para los profesionales el posible efecto de este impuesto. Además, tanto Justicia como el Consejo General de la Abogacía Española han coincidido en la necesidad de agilizar, en el marco de un grupo de trabajo mixto creado a tal efecto, tanto el procedimiento de tramitación de la asistencia jurídica gratuita como el abono de las correspondientes subvenciones a los colegios profesionales.

En materia de tasas judiciales, también se han evidenciado coincidencias en las líneas generales de la adaptación que deberá realizar el Gobierno en la normativa vigente para adecuarla a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

En relación a otras cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión, ambas partes han coincidido en la necesidad de revisar algunos aspectos del examen de acceso a la abogacía, que pasarían por reforzar los aspectos prácticos de la prueba e intensificar la colaboración con los colegios profesionales en el desarrollo de la misma.

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