El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha resaltado durante la clausura de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados celebradas en Granada, el papel esencial de la abogacía y su espíritu de colaboración para llevar a cabo las imprescindibles reformas integrales en materia de Justicia. Fruto de ese entendimiento, ha dicho, el Ministerio ha escuchado sus demandas y en la X legislatura derogó las tasas judiciales para todas las personas físicas, en todos los órdenes e instancias. En esa línea, Catalá ha anunciado nuevas reformas para limitar las tasas únicamente a las juridiscciones civil y contencioso-administrativa, circunscribir los sujetos pasivos del gravamen a las personas jurídicas, particularmente entidades mercantiles con cierto nivel de facturación, y prescindir de la cuota variable, estableciendo cuotas fijas en función de la cuantía del procedimiento, con un mínimo exento.

El ministro también se ha referido a la exención del IVA en el turno de oficio que implica que los profesionales no tengan que realizar ya dicha declaración en el primer trimestre de 2017 gracias a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que reforzará el carácter obligatorio de este servicio y la gratuidad de su su prestación. Igualmente, ha resaltado la importancia del grupo de trabajo constituido entre el Ministerio y la Abogacía para impulsar la eficacia en la gestión de este servicio, acortando los plazos de tramitación de las subvenciones.

Rafael Catalá ha aludido asimismo a una demanda extendida entre la abogacía institucional, como es la elaboración de un Proyecto de reforma del Estatuto General de la Abogacía que recoja el tratamiento de la profesión, sus derechos y deberes y su régimen disciplinario, su organización corporativa, una mayor flexibilización del mercado de los servicios profesionales, una mejor formación de los abogados, que preste especial atención a las cuestiones deontológicas y que encuentre soluciones garantistas para la posición de clientes y profesionales.

En esa línea de colaboración, el ministro ha animado a la abogacía a hacer sus aportaciones en un asunto de actualidad como son las cláusulas suelo. Catalá ha señalado que desde su departamento se están analizando, uno por uno, los distintos juzgados de su competencia, dentro del grupo de 54 que han sido designados por el Consejo General del Poder Judicial para conocer en exclusiva de las demandas sobre cláusulas suelo, en los que se van a poner en marcha todas las medidas de refuerzo necesarias.

Así, desde el Ministerio de Justicia ya se han dispuesto de forma inmediata los medios necesarios para que, tras la toma de posesión de los jueces destinados a estos órganos judiciales, cuenten con los espacios adecuados y los equipamientos necesarios para el desarrollo de sus funciones. En relación con los medios personales, todos los juzgados especializados contarán con un letrado de la Administración de Justicia dependiente del Ministerio que asumirá la dirección procesal, así como con los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio que resulten necesarios.

Catalá ha asegurado que aun cuando no resulta posible prever el número de asuntos que finalmente pasarán a ser objeto de tramitación, se va a realizar un constante seguimiento de la entrada de los mismos con el fin de revisar las medidas que hayan sido adoptadas para garantizar una adecuada dotación de medios en cada momento.

Respecto a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, desde el Ministerio se nombrarán de igual forma los letrados de la Administración de Justicia necesarios. No obstante, al carecer desde el Ministerio de competencias para el nombramiento del resto del personal, se está a la espera de la decisión y las medidas que estas comunidades adopten en relación con la disposición de medios y las necesidades de reforzamiento de esos juzgados, especialmente en los territorios en los que aún no se hayan comenzado a aplicar dichas medidas.

En cuanto a los medios tecnológicos, el Ministerio ya ha procedido a la automatización del reparto a través de las aplicaciones LexNET y Minerva, de modo que todas las demandas se remitan de forma automática al juzgado que haya sido designado por el Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, se podrá agilizar el proceso y al mismo tiempo, disponer de una información estadística que permita llevar un seguimiento constante. En este sentido, Rafael Catalá ha adelantado que el próximo mes de septiembre se realizará una valoración coordinada por parte de todas las administraciones y se asegurará que los ciudadanos tengan la mejor y más rápida respuesta posible en la defensa de sus intereses.