Valoran positivamente que el CGPJ haya hecho una declaración institucional señalando la necesidad de incremento de planta judicial, aunque critican que este pronunciamiento se haya hecho al final de esta legislatura

Se han activado todas las alertas en nuestra judicatura cuando en el Pleno del pasado jueves del CGPJ, el órgano de gestión de nuestra carrera judicial realizara una declaración institucional, la primera sobre la necesidad de la ampliar la planta judicial de forma razonable a corto plazo y buscar destino a los más de 120 jueces que están ahora sin plaza fija. Pese a que el CGPJ presidido por Carlos Lesmes no ha barajado ninguna cifra, esta manifestación pública ha servido para que pudiéramos ponernos en contacto con las cuatro asociaciones judiciales, APM; Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente para, a través de sus portavoces conocer realmente cuál es la situación de nuestra administración de justicia y si hablamos de ampliar la planta judicial de qué estamos hablando. Como podrá leer nuestro lector, los comentarios son contundentes y la mayor parte de los encuestados se decantan por duplicar esos cerca de 5300 jueces que hay en la actualidad. Otro tema que reclaman las asociaciones es que, pese a que existe un Gobierno en funciones, se le pide que agilice las cerca de 90 plazas que están dotadas y presupuestas para este año. La justicia está al borde del colapso y necesita un Plan de Choque a corto y medio plazo que la saque de su peligrosa situación.

Más de la mitad de los jueces al 200% de su carga de trabajo

Desde Valencia, nos atienda Joaquín Bosch, portavoz nacional de Jueces para la Democracia, la única asociación judicial que en noviembre del 2014 demandó al Ministerio de Justicia y al CGPJ por la carga de trabajo que soportaban los magistrados españoles. “La verdad que la medida sirvió para activar el plan de prevención de riesgos laborales de la carrera judicial y en aquel momento desactivar una situación compleja. Sin embargo, ahora volvemos a estar mal y la sobrecarga de trabajo de muchos juzgados es del 200 por cien en relación a los módulos que establece el CGPJ”, indica nuestro interlocutor. A su juicio, el pronunciamiento que ha hecho este CGPJ sobre la planta judicial “fue el primero en su trayectoria frente a otros que ya se pronunciaron con anterioridad. Lo que llama la atención es que se pronuncien acaba esta legislatura”, resalta. Para Bosch, lo lógico es que el Consejo hubiera dado un paso más allá y haber aclarado qué número de plazas judiciales y juzgados necesita nuestro país.  “Sin embargo sabemos por estudio suyos, que más de la mitad de los jueces españoles trabajan en ratios que alcanzan el 200 por cien de su carga de trabajo, situación inadmisible de una situación que se cronifica peligrosamente”.

A juicio de este magistrado el sistema está saturado y no puede dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad. “Es curioso que las leyes procesales quieren que los plazos se solventen en un tiempo determinado. Sin los medios humanos adecuados y técnicos será inviable y muchos asuntos se archivarán como venimos denunciando”. Desde esos datos que señalan el ratio de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, desde Jueces para la Democracia se estima que con un millar de plazas judiciales, estructurada entre cuatro y cinco años, se podría alcanzar la planta judicial ideal para dar respuesta a todos los asuntos que llegan.  “Son datos que hemos logrado desde los informes del CGPJ. Desde este punto de vista, allá donde se trabaje un 200 por cien se necesita un juzgado más, sin duda”, comenta.  Al mismo tiempo, esta asociación judicial reclama que los más de 120 jueces en expectativa de destino se les ubique de forma rápida, sobre todo en aquellos lugares más colapsados. “Es fundamental que el Gobierno que salga de estas negociaciones actuales asuma la justicia como prioridad absoluta. En este sentido, las asociaciones judiciales en bloque se lo recordaremos en el momento que se constituya”. Para Bosch los tribunales de instancia “si no se instrumentalizan políticamente”, podrían ayudar a mejorar la situación, pero necesitan el respaldo de una inversión en justicia sostenible.

El modelo actual de planta judicial es insuficiente

Celso Rodríguez, magistrado y portavoz nacional de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, nos hace un hueco entre una vista que está llevando desde hace días: ”el debate está ahí: si mantenemos el modelo de juzgados unipersonales en pueblos y ciudades o vamos a otro más colegiado desde los tribunales de instancia. Desde esta perspectiva la planta judicial varía notablemente”, indica. Para esta asociación “la planta judicial actual es claramente insuficiente. Responde a las dimensiones calculadas en 1988, fecha cuando se elaboró la Ley de Demarcación y Planta Judicial. En esa ley se estableció una ratio de 10 juez por cada 10.000 habitantes, insuficiente en comparación con Europa con 19,2 jueces por cada 10.000 habitantes.

En su opinión, es lamentable que nunca haya dinero para la administración de justicia, lo que genera graves disfunciones en el actual sistema. “Hay que darse cuenta que invertir en justicia es hacerlo por el crecimiento de nuestra economía y sociedad; por la rapidez de los procesos que ahora paraliza un movimiento económico importante. Al mismo tiempo la inversión en justicia protegería los derechos e intereses de los ciudadanos”. APM ha pedido al Ministro Catalá que se creen las cerca de 90 plazas judiciales ya aprobadas y presupuestadas. De momento, a día de hoy no están cubiertas

La solución desde este colectivo judicial es impulsar un Plan de Inversiones Estable, dotado para los próximos años que ayudase a mejorar la actual planta judicial.  “Ahora mismo la carga de trabajo que estima el CGPJ a través de diferentes módulos de trabajo está muy superada por la mayor parte de los magistrados de este país. Sobre la extrapolación de estos módulos se puede hacer un cálculo de los jueces que hacen falta en la actualidad. De esta forma, cada juez soportaría el número de resoluciones idóneo y no como el actual, donde la gran mayoría está sobrecargada de trabajo.” Nuestro interlocutor señala que el CGPJ abona un complemento de productividad para aquellos que superan el 120 por cien de esos módulos, así también viene contemplado por la Ley de Retribuciones actual.  “Hay compañeros que han dictado más de 500 resoluciones al año, lo que supone un 200 por ciento. Eso significa que muchos fines de semana muchos compañeros trabajan en esto de forma incondicional”. Una de las claves que señala Rodríguez es que “la sociedad de 1988 no tiene nada que ver con la de 2016 y la litigiosidad se ha incrementado de forma notable pero la ratio jueces/ habitante, no”, denuncia.

Mala justicia colapsa nuestra economía

Raimundo Prado es el nuevo portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria “creemos que el pronunciamiento del CGPJ sobre la planta judicial llega tarde, aunque nunca está mal reconocerlo”, apunta. Nuestro interlocutor señala que ya el índice de 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes es preocupante y uno de los más bajos de la UE.  “Hay que darse cuenta que los jueces estamos trabajando muy por encima de nuestras posibilidades, sin que nadie lo reconozca”, denuncia.

Prado nos señala que el ratio español de jueces por habitante está por debajo de la media europea de 21 por esos 100.000, donde Alemania tiene 25 magistrados por poner un ejemplo. Respecto al gasto público en justicia por persona es de 27 euros mientras que la media de nuestro entorno es de 34,8. “Con esto datos queda claro que España es de los países más atrasados en inversiones en justicia. Sin jueces se retrasan los asuntos y la economía se estanca, lo que se nota en el PIB y en que los inversores extranjeros evitan venir a nuestro país”, subraya. Nuestro interlocutor señala que es fundamental que se creen las plazas judiciales que se necesitan: “Hay que hacer un Plan de Choque importante a medio plazo y muy posiblemente habría que crear otras cuatro mil plazas más para estar a la altura de nuestros colegas europeos.”

A juicio de Prado, “este tipo de medidas hay que estructurarlas desde el Pacto de Estado por la Justicia que las cuatro asociaciones ya señalamos necesario el pasado mes de diciembre, donde aparecimos juntas después de muchos años”, indica. Desde su punto de vista es fundamental invertir en justicia porque es “una palanca de cambio clave para activar nuestra economía”. Otro dato que nos aporta es que son 510 días los que utiliza una empresa o particular en resolver un pleito, lo que supera en un 17 por cien en el tiempo en el Reino Unido, 19 por cien en Alemania y otro 30 por ciento a los franceses. “Hay que darse cuenta que nosotros los magistrados hacemos lo que podemos en el contexto actual. Ahora mismo muchos de nosotros superamos los módulos de carga de trabajo establecidos desde el CGPJ. El problema es que hay mucha litigiosidad y somos muy pocos jueces”, aclara.  Para Prado, la puesta en marcha de los tribunales de instancia podría ayudar a reorganizar nuestros actuales tribunales y optimizar los recursos existentes “siempre de forma razonable y lógica contando con la figura de los jueces decano que hasta la fecha han hecho un gran papel”. Desde esta Asociación otro modelo de Justicia, diferente del actual, donde el CGPJ fuera el único miembro que gestionar los recursos materiales y humanos sería más útil a la hora de reorganizar nuestra administración de justicia. “sería bueno que tuviera autonomía presupuestaria para lograr la justicia de calidad que todos buscamos”

Complicado dar una cifra exacta

Por último, Conrado Gallardo, portavoz de Foro Judicial Independiente, valora la situación actual de nuestra planta judicial y el gesto del CGPJ de hacer una declaración denunciando la necesidad de incrementar la planta judicial. “Sorprende el cambio de talante del CGPJ y que ahora, tras la desaparición del PP como partido mayoritario, se preocupe realmente de los problemas de los jueces españoles.  Al mismo tiempo, creemos que pronto quedará definida la nueva carga de trabajo entre el propio CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, y las asociaciones judiciales·, comenta.

Que haya más de un centenar de jueces en expectativa de destino es fruto a que “llevamos años sin creación de plazas judiciales: desde que se convoca una oposición a que se crea una plaza pasan dos años. Luego es un disparate que la administración de justicia se reparta entre Ministerio, CGPJ y CCAA, eso hace que muchas CCAA hayan frenado la creación de órganos judiciales por falta de presupuesto.” Sobre la creación de tribunales de instancia mercantiles recuerda que “es una medida ilegal porque no depende de ninguna ley orgánica aprobada hasta el momento” Y vuelve a señalar que las estadísticas nos colocan muy por debajo de la media europea de jueces por 100.000 habitantes.

Para Gallardo, intentar duplicar la planta judicial sería casi imposible “tardaríamos casi veinte años en hacerlo. Por otro lado, parece un número excesivo y poco manejable en la práctica. Tendríamos una administración compleja e incontrolada. Hay que darse cuenta que los asuntos se atascan en el juicio y en la mesa del juez. Creo que se están abordando los temas equivocados, no se trata tanto apostar por la tecnología como resolver este asunto. Lo fundamental es disminuir el número de pleitos por juez”; avanza. Para este magistrado, que España tenga tantos abogados es lo que le hace un país tan litigioso “en informes del Consejo de Europa se señala este extremo, cuantos más abogados más litigios hay”. AL mismo tiempo reclama reformas estructurales en planta judicial porque está mal utilizada “la estructura actual de órganos judiciales se ha quedado desfasada y es ineficiente. Con una estructura más flexible, como los tribunales de instancia, aprovecharíamos ese capital humano”, reclama. A su juicio estos tribunales de instancia habría que diseñarlos bien porque ayudan a gestionar la escasez recursos “aunque habrá que evitar que menoscabe la independencia judicial y que el reparto se haga de forma adecuada”.  Todo ello conduce a un modelo diferente y más actual de administración de justicia que es el que reclaman nuestros entrevistados en este reportaje.