• Las cuentas de depósitos y consignación concentran el dinero que proviene de embargos, fianzas, indemnizaciones y otros depósitos procedentes de procesos judiciales. Cientos de miles de esos euros acaban en las arcas públicas al no haber sido reclamados por sus legítimos beneficiarios.
• Los órganos de la jurisdicción civil concentran el 37% del saldo total, con más de 1.650 M€ inmovilizados; y la Comunidad de Madrid, con un 39%, es la región con más fondos retenidos por los juzgados.
• La innovación tecnológica y mejora de los procesos, implementados por empresas especializadas como Asemar, permiten localizar y agilizar el traspaso de estos fondos a sus beneficiarios, aliviando una situación muchas veces crítica.

La paralización de la actividad judicial por la crisis sanitaria de la Covid19 ha afectado a la gestión de las cuentas de depósitos y consignación de los juzgados, cuyo saldo a cierre de 2020 ascendía a los 4.471.004.003,27€ según los datos facilitados por la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.

Una cantidad que fluctúa ya que se producen constantes entradas y salidas de capital, en torno a los 2 millones de movimientos al trimestre, pero cuyo saldo medio diario se sitúa, desde hace años, por encima de los 4.000 M€, habiendo incluso superado los 5.000 M€ en momentos puntuales, según los datos recogidos en los balances del Consejo General del Poder Judicial.

La falta de medios de la administración de justicia, por un lado, y la falta de diligencia por parte de algunos juzgados, por otro, han provocado que grandes cantidades de dinero permanezcan bloqueadas en estas cuentas durante años.

La tecnología permite agilizar la gestión de los saldos inmovilizados en los juzgados

Para dar solución a este problema, perpetuado desde los años 80 cuando se dejó de consignar dinero en efectivo en los juzgados, compañías especializadas como Asemar han desarrollado una herramienta con el objetivo de eficientar las gestiones puramente administrativas apoyándose en tecnologías innovadoras como pueden ser el machine learning o la automatización robótica de procesos (RPA).

Automatizar la gestión de miles de expedientes y trámites legales puede suponer una tabla de salvación para muchas pequeñas empresas ante una situación de especial dificultad como la provocada por la pandemia. Empresas especializadas como Asemar han apostado por convertirse en legaltech “reconvirtiendo el negocio con una apuesta por la tecnología que nos permite prestar nuestros servicios legales optimizando nuestra labor y ayudando a desatascar la situación de la administración”, señala Isidro Martín de Nicolás, CEO de Asemar.  

Esta aplicación de tecnología inteligente ya permite a Asemar indexar y gestionar la tramitación de más de 10.000 notificaciones judiciales diarias de forma automática, agilizando de forma exponencial los trámites necesarios ante los juzgados.

Consulta masiva de cuentas de consignación de procesos judiciales

Además, de cara a obtener rápidamente una visión total de la tesorería localizada en cuentas de consignación y mejorar la gestión de los flujos de caja derivados de procesos legales activos, compañías como Asemar han desarrollado servicios que permiten “hacer un barrido de forma automatizada y periódica para recoger los saldos positivos, evitando retrasos en los abonos de los juzgados y reduciendo considerablemente los plazos para el traspaso de estas cantidades” señala Isidro.

Los procesos administrativos para reclamar estos fondos, la gestión documental derivada de los mismos y la tramitación con los diferentes órganos judiciales pueden ser sustituidos “con nuevas tecnologías que permiten gestionar más de 1.000 consultas cada hora, reduciendo tiempos muertos y costes”, concluye Martín de Nicolás.

La utilidad de estas nuevas tecnologías, aplicadas en el ámbito de la gestión procesal, se verá reflejada principalmente en tres aspectos: velocidad, escalabilidad y conveniencia.