Madrid, 15 feb (EFE).-  Este organismo ha analizado si las concentraciones de jueces y juezas del pasado noviembre ante las sedes judiciales para mostrar su rechazo frente al acuerdo PSOE-Junts que habla del lawfare y la ley de amnistía, afectaron a los principios éticos relacionados con la independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera judicial.

La Comisión avala la asistencia de los togados siempre y cuando se dé una condición: que exista en el juez o jueza "un honesto, meditado y sincero convencimiento" de que la actuación objeto de repulsa "pueda afectar al Estado de Derecho".

Recuerda que los jueces y juezas gozan del derecho constitucional de manifestación, pero advierte de que su ejercicio se ve "limitado o afectado" por las especiales exigencias de mantener, dentro y fuera del tribunal, una conducta que "reafirme la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial" y "sin poner en entredicho los principios de independencia, imparcialidad e integridad".

El caso afecta al principio ético 21: "Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia".

Por eso, la Comisión señala que corresponde al juez resolver este "dilema ético" mediante "una reflexión profunda, serena, sincera y alejada de sesgos políticos", para decidir si asiste para reprobar actos que, según su criterio, pudiesen atentar contra el Estado de Derecho o si, por el contrario, su decisión se deja llevar por su propia y personal sintonía o antipatía con una ideología política.

Este dictamen varía el sostenido por la Comisión en septiembre cuando dijo que "es desaconsejable desde una perspectiva ética que un juez asista a manifestaciones" si "su participación puede poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la justicia o la manifestación está vinculada directa o indirectamente con un caso o grupo de casos pendiente ante los tribunales o que probablemente puedan llegar a los tribunales", como sucede con la amnistía.

Pero también si "su participación puede ser percibida como una toma de posición política o apoyo a una causa particular inapropiada". En suma, "el juez/a debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial"