La Comisión Permanente ha autorizado hoy la modificación del contrato suscrito con Quirón Prevención S.L.U. para la prestación del servicio externo de prevención de riesgos. La determinación serológica no implica un aumento del importe del contrato, puesto que se compensa con otras pruebas que no se llevarán a cabo por el riesgo de contagio que suponen. La modificación del contrato comenzó a tramitarse hace varias semanas, cuenta con informe de legalidad del Gabinete Técnico y ha sido fiscalizada de conformidad por la Intervención

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha autorizado hoy la modificación del contrato suscrito en octubre de 2019 con Quirón Prevención S.L.U. para la prestación del servicio reconocimientos médicos periódicos que desde hace once años se ofrece a los aproximadamente 5.400 miembros en activo de la Carrera Judicial para incorporar la determinación serológica de inmunoglobinas IgG-IgM (COVID-19). 

Esta determinación no implicará la realización de ninguna prueba adicional a los/las jueces/zas y magistrados/as, ya que se hará a partir de las muestras de sangre que se extraen habitualmente en este tipo de reconocimientos. 

El Consejo considera que la situación sanitaria generada por el COVID-19, la consideración de la justicia como servicio esencial, la previsión de levantamiento de estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo, la consiguiente reincorporación de jueces y magistrados a las sedes judiciales, así como la necesidad de que el CGPJ mantenga activa la vigilancia de la salud de la Carrera Judicial, en un momento crítico como el actual, hace aconsejable -entre otras medidas organizativas y sanitarias que ya se están adoptando- la determinación serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM al colectivo, que no estaba incluida en el objeto del contrato. 

La modificación, que comenzó a tramitarse hace varias semanas, no comporta ampliación del importe del contrato, ya que la realización de estas pruebas se compensa con otras habituales que no se llevarán a cabo por el riesgo de contagio que suponen. 

El modificado de contrato fue conocido por la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ el pasado 30 de abril, cuenta con informe de legalidad del Gabinete Técnico y ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención el pasado 4 de mayo.